«Solo tienen que leer los argumentos de los más destacados juristas de Colombia, para darse cuenta de la urdimbre que se está desarrollando para burlar el voto popular de 2022», así respondió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los directores de medios que «todavía andan preguntándose» dónde están las pruebas del golpe de Estado en su contra, que, según él, en realidad, comenzará el próximo lunes.
Petro ha señalado la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la campaña que lo llevó a la presidencia en 2022, como la prueba principal de que pretenden expulsarlo del poder.
A este respecto, el órgano publicó un comunicado de prensa aclarando que «todas sus actuaciones son estrictamente institucionales» y están en el marco de su competencia. Asimismo, aseguraron que «no existe ninguna posibilidad legal» de que la investigación a la que alude Petro ponga en cuestión el fuero presidencial.
El mandatario compartió la intervención del embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, el pasado miércoles, donde denunció ante los representantes de los países de la región que en Colombia se están llevando a cabo «acciones sistemáticas encaminadas a derrocar» al presidente colombiano, Gustavo Petro, y «silenciar la voluntad del pueblo».
La publicación de las declaraciones de Vargas estuvo acompañada de un llamado por parte de Petro para que «las voces contra el golpe de Estado en Colombia» se hagan oír también en la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos humanos.
En su discurso, Vargas aseguró que, al igual que hace 51 años con el golpe de Estado en Chile, «lo mismo, pero con métodos más sofisticados está sucediendo ahora en Colombia».
El diplomático precisó que el paro camionero llevado a cabo la semana pasada en el país se trató de un método para implantar el caos. En este sentido, acusó a sectores de la oposición política y algunos medios de comunicación de intentar «desprestigiar al Gobierno para limitar su capacidad de acción mediante el uso indebido del entorno digital», propagando noticias falsas e infundiendo temores respecto a las decisiones del Ejecutivo, al tiempo que minimizan sus logros.
Asimismo, Vargas denunció la suspensión de los derechos políticos «con especial sesgo» contra los congresistas de la coalición de gobierno y la investigación «carente de imparcialidad y evidencia» por parte del CNE.
«La situación que les describo corresponde dramáticamente con las características de ‘lawfare’ y del golpe blando, que es la nueva forma de derrocar gobiernos […] emprender juicios políticos y propiciar la destitución abusiva de un presidente», concluyó.
RT
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