La Asamblea Nacional de Nicaragua dominada por el oficialismo, aprobó este miércoles (14.01.2025) una reforma constitucional que establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, según informó el Legislativo, una medida muy criticada por la oposición en el exilio.
La medida forma parte del cambio profundo a la Constitución que en 2025 dio un poder absoluto a la pareja presidencial de Nicaragua, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«La ley señala que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación», indicó en X la Asamblea Nacional, controlada por el matrimonio presidencial.
Los diputados, a pedido de Ortega y Murillo, aprobaron la reforma en mayo del año pasado y estaba pendiente la ratificación en un segundo periodo legislativo, lo que se cumplió este miércoles.
En los últimos años, Ortega y Murillo han despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos de su gobierno, que califican de «traidores a la patria» y fueron expulsados o forzados a abandonar el país.
La nueva legislación también contempla que los extranjeros que adquieran la nacionalidad nicaragüense «deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos», agregó.
Oficialismo asegura que Ley no es retroactiva, opositores dudan
El presidente del Congreso, Gustavo Porras, aclaró en 2025 que la prohibición de la doble nacionalidad no es retroactiva, pero opositores dudan de que eso se cumpla.
La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que reúne a organizaciones expatriadas, calificó la medida como un «castigo de la dictadura» y advirtió que incrementará «el exilio forzado».
El grupo opositor en el exilio, Unión Democrática Renovadora (Unamos), ha repudiado la reforma que elimina la doble nacionalidad para los nicaragüenses por considerarla una profundización de la «escalada autoritaria» de los Ortega-Murillo, que siembra «aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad».
«La nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión», expresó Unamos a través de una declaración pública cuando la reforma se aprobó en Primera Legislatura.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, cortaron libertades y aniquilaron a la oposición tras las protestas sociales de 2018 que dejaron más de 300 manifestantes asesinados.
El sábado pasado, el gobierno liberó a una veintena de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de Ortega y Murillo.
Pero según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una oenegé que trabaja desde el exilio, quedan decenas en la cárcel, incluidos varios que fueron detenidos recientemente por celebrar en redes sociales la captura de Maduro por las fuerzas de Estados Unidos.
Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud por lo que Murillo ha endurecido las medidas contra los opositores y hecho una purga interna para garantizar la sucesión.
Fuente: DW
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