El Tribunal Constitucional (TC) de Perú exigió este domingo a la Policía Nacional “la inmediata ubicación, identificación y puesta a buen recaudo de los más de 40 desaparecidos” durante las manifestaciones ciudadanas que este sábado fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, dejando dos muertos y decenas de heridos.
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El máximo intérprete de la Constitución peruana se pronunció este domingo en Twitter después de las denuncias de desapariciones y la exigencia de ciudadanos, organismos civiles, políticos y medios de prensa para que se dé cuenta de las personas que aún no son ubicadas por sus familiares y amigos.
El organismo recordó, además, que el recurso de “hábeas corpus” ante los tribunales “puede ser utilizado como un mecanismo para obligar a una actuación institucional conjunta hasta la ubicación de personas desaparecidas”.
Después de la dimisión total del Gobierno interino que presidía Manuel Merino, rechazado de manera masiva por la ciudadanía, tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional del Perú (PNP) se mantienen en silencio a pesar de que la ley peruana indica que las denuncias de desapariciones deben ser investigadas de inmediato.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó este domingo que la represión policial del sábado dejó, además de dos jóvenes fallecidos y al menos 114 heridos, un total de 41 desaparecidos.
El organismo solicitó, en ese sentido, al Ministerio de Defensa que permita el ingreso de una comisión especial a tres cuarteles policiales porque “decenas de jóvenes no han regresado a sus casas”. “¿Dónde están los desaparecidos?”, reclamaron cientos de manifestantes que se reunieron este domingo en el distrito de Miraflores para exigir una respuesta de las fuerzas de seguridad.
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La Fiscalía de Perú anunció, por su parte, que investiga las “graves violaciones a los derechos humanos” durante la represión de este sábado en Lima contra las masivas manifestaciones en rechazo al Gobierno que presidió Merino.
El Ministerio Público informó que abrió una investigación “en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”. Sotelo y Pintado, de 24 y 22 años, respectivamente, eran dos jóvenes universitarios que participaban en las manifestaciones.
Sotelo recibió cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, mientras que Pintado murió “por múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego”, según el parte médico.
La investigación ha sido encargada a la Tercera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos que también abrirá investigaciones por lesiones graves y leves en agravio de los heridos durante la manifestación “y en torno a los casos de desaparecidos en la movilización social”.
Una investigación por violación a los derechos humanos abre la posibilidad en Perú de que un fiscal denuncie una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, que puede llegar hasta el propio presidente, sus ministros y los jefes policiales.
La Fiscalía lamentó los fallecimientos y la violencia desatada contra los manifestantes y garantizó que la investigación se llevará “con la transparencia, objetividad y celeridad” que corresponde.
Destinó, por ese motivo, a las fiscales Lesly Carmona, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de La Victoria, y Juana Meza Peña, de la 55 Fiscalía Provincial Penal de Lima, con el apoyo de los médicos legistas y peritos del Ministerio Público. Por su parte, el fiscal supremo Pablo Sánchez lamentó las “muertes innecesarias” de “jóvenes que solo expresaban su derecho a protestar” y remarcó que la investigación del Ministerio Público “debe ser rápida, caiga quien caiga”, porque tiene la obligación de “garantizar un Estado de Derecho” en su país.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió “que no se cuenta con información precisa” sobre el total de heridos, y que tampoco se conoce el número de detenidos en la jornada, por lo que se sumó al llamado de la Defensoría del Pueblo peruana para que se ofrezca esa lista.
Tras el saldo trágico de la represión, y ante la demanda generalizada del país, Merino anunció su dimisión “irrevocable” a la Presidencia mientras que el Congreso convocó a un pleno extraordinario que este domingo buscará encontrar una salida constitucional a la crisis y hallar un sucesor al presidente.
Merino comunicó su renuncia minutos después de que el Congreso lo exhortara a dejar el cargo. El anuncio fue recibido con algarabía y aplausos en las calles, donde miles de ciudadanos proseguían con las protestas para pedir la salida de Merino, quien asumió el Ejecutivo después de que el Parlamento destituyera el lunes pasado a Martín Vizcarra, en una maniobra cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada.
Tras conocerse la dimisión de Merino, Vizcarra lo calificó de “dictadorzuelo” y pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie rápidamente sobre el motivo que llevó a su propia destitución y dio a entender que estaría dispuesto a regresar al poder si este organismo o el Congreso así lo deciden.
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