En Venezuela fueron detectados cuatro casos de coronavirus en funcionarios policiales que brindan servicio en El Helicoide, el edificio en cuyo sótano se encuentra una de las cárceles más férreas donde la dictadura chavista suele encerrar y torturar a sus enemigos políticos. Los pacientes que dieron positivo son miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Los funcionarios infectados son tres mujeres y un hombre, pertenecientes a la brigada motorizada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Los afectados estuvieron presentando los síntomas del coronavirus (Covid-19), por lo que expertos se dirigieron al lugar para hacerles las pruebas.
“Están asustados, no quieren que se sepa”, informaron fuentes cercanas al centro de reclusión de la policía política a periodistas del diario El Nacional.
Los pacientes fueron llevados, con amplias medidas de seguridad, a un centro de salud de la capital.
En el lugar opera una comandancia de la PNB, además de ser la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el centro de reclusión de presos políticos civiles y militares.
Medidas humanitarias
Desde que se empezaron a registrar los primeros casos de coronavirus en Venezuela, familiares de los presos políticos solicitaron que se les otorgara la liberación inmediata, como medida humanitaria antes los casos de Covid 19.
Recordaron que los centros de detención no están en condiciones de evitar que los prisioneros se contagien del virus, además, por las condiciones de reclusión sería muy propenso que la pandemia pueda replicarse rápidamente entre los privados de libertad y el personal que allí opera.
En las cárceles destinadas a los más de 300 presos políticos civiles y militares, las personas se encuentran hacinados en celdas de 2 x 2, sin agua para bañarse o tomar.
Los familiares recordaron que se encuentran con las defensas bajas, debido a la mala alimentación y a la falta de sol.
“Todas estas deplorables condiciones ponen en riesgo mortal la vida de los presos políticos”, destacaron.
El partido político Voluntad Popular, publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter en el que indicaron: “Alertamos a Venezuela y al mundo sobre el peligro que corren nuestros presos políticos al confirmarse 4 funcionarios contagiados en El Helicoide. Nuestros hermanos, Luis Navas, Roberto Marrero y el dip. Juan Requesens, se encuentran en ese centro de reclusión”, indiicaron.
En el caso particular de Roberto Marrero, ex jefe del despacho del Presidente interino Juan Guaidó, se pudo conocer que es asmático crónico. Sus días los pasa en una celda de 2×2 completamente aislado, un método de tortura psicológica como ha establecido la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En cuanto a Juan Requesens, los médicos del Sebin le diagnosticaron una infección respiratoria y recomendaron su traslado a la sede de la policía política en Plaza Venezuela, una medida que no ha sido materializada.
“Señalamos que es diputado y debe estar en resguardo, pero la jueza Hennit Carolina López no se ha pronunciado al respecto”, indicó el abogado del parlamentario.
La medida se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución que protege el derecho a la vida y el 242 del Código Orgánico Procesal Penal que establece medidas cautelares sustitutivas de libertad.
La abogada Ana Leonor Acosta, defensora del diputado de la Asamblea Nacional, Renzo Prieto, señala que la única medida especial conocida que han tomado en los centros de reclusión ante la pandemia es la suspensión de visitas.
Esta prohibición preocupa a los familiares de los presos políticos y comunes porque les impiden llevarles la comida, el agua y los insumos de higiene personal que no garantiza el Estado venezolano, según publicó el medio local Efecto Cocuyo.
“Los familiares han estado muy nerviosos por la situación. En la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta -al norte de Caracas- no hay agua potable. Entendemos que dijeron que se iban a encargar de dar comida, pero no sabemos si es cierto. En el Sebin de El Helicoide no hay agua. Nos preocupa que no haya medidas suficientes para atenderlos a todos”, alertó Acosta.
La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció en su cuenta de Twitter que el parlamentario Tony Geara, detenido por funcionarios del Sebin el pasado 14 de marzo, es un caso sospechoso de COVID-19, pues presenta muchos síntomas relacionados con la enfermedad y no ha sido examinado.
El presidente encargado de Venezuela y de la AN, Juan Guaidó, adelantó que pedirá apoyo a la Cruz Roja Internacional para la atención de los presos políticos en estas circunstancias.
Hasta el momento la dictadura de Venezuela ha informado que hay 36 casos en todo el país, de los cuales aseguran que al menos 30 de ellos son importados, siendo Caracas y el estado Miranda, las regiones con más casos.
Hay estados tales como Cojedes y Apure, que despiertan gran intranquilidad, tanto en la población como en los expertos de la salud, debido a que a son regiones que tienen muchas precariedades producto del colapso ocasionado por el régimen socialista, especialmente en el sector sanitario.
Ante la pandemia, Maduro reconoció: “no tenemos un sistema de salud tan poderoso como otros países, si nos confiamos podríamos tener una pandemia pavorosa, por eso decretamos una cuarentena total”.
El dictador decretó estado de cuarentena social a nivel nacional por el coronavirus por lo que han quedado suspendidas varias actividades, tanto académicas como laborales, entre otras. Por su parte el presidente encargado Juan Guaidó, ha exigido que se abran todos los puertos del país para que pueda llegar la ayuda humanitaria que le ha solicitado a las naciones que reconocen su autoridad política e invitó al régimen a que deje la soberbia ante la grave crisis que podría dejar la pandemia.
Infobae
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