Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.
Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales. En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas.
México lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.
Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.
“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se les repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.
Quienes defienden las leyes suelen argumentar que su uso es legítimo. La senadora responsable de gran parte del marco legal mexicano contra la violencia de género, por ejemplo, rechazó la idea de que las mujeres políticas estuvieran haciendo un uso indebido de estas protecciones para silenciar la crítica.
“Sí hay periodismo, lo tengo que reconocer, que es muy leal a sus principios”, dijo la senadora, Martha Lucía Mícher, miembro del partido político gobernante de México, Morena. Y agregó: “Pero también hay un periodismo —con todo respeto lo digo— muy misógino”.
Mícher dijo que estaría dispuesta a revisar cómo se están resolviendo los casos. “Nosotras no estamos abusando de esas leyes”, afirmó. “Nosotras somos víctimas”.
Sin embargo, a principios de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.
Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.
México está viviendo “el abuso de estas figuras”, dijo Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de R3D, una organización mexicana de derechos digitales. “Se están mal utilizando y legislativamente están muy mal redactadas, y eso les permite a los jueces y a las figuras públicas hacerlo”.
Una relación tensa
La relación entre las autoridades mexicanas y la prensa siempre ha sido complicada.
Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no cuestionaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.
Pero esa mayor libertad trajo consigo una escalada de tensiones en las décadas siguientes, cuando los periodistas se vieron atrapados en el fuego cruzado entre la corrupción gubernamental y el crimen organizado.
Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.
El gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas casi a diario, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma, conectaba con su base y marcaba la agenda informativa, pero también desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que cuestionaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.
Su sucesora y protegida, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura.
“Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero. Pero, añadió, “siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”.
Sin embargo, también ha defendido a miembros de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, pidió a la gente que boicoteara a un conglomerado mediático que se había negado a pagar impuestos y que había cubierto negativamente su gobierno.
“No es una censura, es una opinión”, dijo Sheinbaum el mes pasado sobre su llamado al boicot. “No estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”.
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La estigmatización por parte de los principales líderes del país ha animado a otros a emprender represalias legales, según expertos. Los más vulnerables a ese tipo de acoso, dijo el historiador Paxman, son los reporteros que quizá no tengan los recursos o la reputación necesarios para defenderse.
Una nueva herramienta para la censura
Todo empezó con un spot de radio de un minuto. Tres hermanos le pedían a su influyente padre que les comprara candidaturas para las próximas elecciones de 2024, y discutían sobre quién se presentaría por qué partido.
La cápsula satírica, emitida en Radio Teocelo —la emisora comunitaria que también la produjo—, no mencionaba nombres, partidos políticos reales ni lugares concretos.
Pero Mara Chama Villa, que buscaba un asiento en el Congreso por el Partido Verde Ecologista de México —y cuyo padre había sido alcalde de Teocelo, un pueblo cafetero del estado de Veracruz, el más peligroso para los periodistas—, se sintió aludida. Presentó una denuncia contra Radio Teocelo y contra periodistas de otros medios que ya habían cubierto su intento fallido en 2021 de suceder a su padre como alcaldesa.
Según argumentó en documentos judiciales revisados por The New York Times, la cobertura restó importancia a su trayectoria y perjudicó sus posibilidades de ganar las elecciones.
En abril de 2025, un tribunal federal declaró culpables a cinco periodistas de violencia política de género por “minimizar” a Chama Villa “al supeditarla a una figura masculina con poder político”, dijo el tribunal en su sentencia.
Chama Villa no respondió a preguntas específicas, pero dijo que su caso “refleja situaciones que lamentablemente muchas mujeres seguimos enfrentando en la política”.
Las sanciones fueron contundentes: multas que superaban el salario de un mes, disculpas públicas obligatorias, la retirada de la pieza de radio y de todos los artículos denunciados, y la inclusión en un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuando periodistas, analistas y organizaciones la sociedad civil criticaron el veredicto, el caso escaló a nivel nacional y fueron notificadas unas 70 personas.
“Se habla de la libertad de expresión, del derecho a la información, pero todo eso está en letra muerta”, dijo Élfego Riveros, el reportero de Radio Teocelo que escribió y produjo la pieza. “Si ponemos el dedo en ciertos sectores de poder que se ven exhibidos ante el escrutinio de la ciudadanía, van por los castigos”.
También se ha atacado a otras personas ajenas a los medios de comunicación.
A principios de este año, un tribunal sancionó a Miguel Alfonso Meza, un activista anticorrupción, por violencia política de género contra Silvia Delgado, una abogada que representó al famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo. Meza la había llamado “narcoabogada” al cuestionar su candidatura a un puesto como jueza penal en las primeras elecciones judiciales de la historia de México.
Cuando el tribunal revocó después parte de las sanciones impuestas a Meza, Delgado dijo que impugnaría esa sentencia. Su objetivo, añadió en una entrevista, no era “silenciar a nadie, es para proteger mi dignidad”.
“Al describir mi candidatura como altamente peligrosa y compararme con otros candidatos investigados por narcotráfico”, dijo sobre Meza, “desató un número excesivo de ataques en mi contra”.
‘El miedo no se me ha quitado’
La Nochebuena pasada, Rafael León, un reportero de la fuente policiaca de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, pensó que lo estaban secuestrando cuando unas camionetas sin insignias le bloquearon el paso y unos hombres armados lo sacaron a rastras de su coche.
Lo estaban arrestando.
La fiscalía del estado de Veracruz lo acusó de terrorismo, al argumentar que su cobertura sobre los cárteles provocaban pánico entre la población. También lo acusaron de obstrucción, porque solía llegar antes que la policía a los lugares de los hechos, y de aceptar sobornos de los grupos delictivos. Después de que Sheinbaum cuestionara de manera pública los fundamentos jurídicos de la acusación, se retiraron los cargos de terrorismo.
La fiscalía general de Veracruz no respondió a una solicitud de comentarios.
León, que niega las acusaciones en su contra, pasó casi un mes bajo arresto domiciliario. Todavía se enfrenta a otros cargos y ha dejado de cubrir noticias con la misma frecuencia que antes.
“El miedo no se me ha quitado”, dijo. “Ya mucha gente se ha dado cuenta. Dicen que no soy el mismo”.
Los litigios de este tipo de casos pueden ser muy técnicos y pueden terminar sofocando a los medios de comunicación.
Tribuna de Campeche fue uno de los cinco periódicos impresos que circulaban en el estado de Campeche y que cerraron sus operaciones físicas y pasaron solo a plataformas digitales tras la presión financiera y legal del gobierno.
“La gobernadora los comenzó a atosigar con la cuestión de impuestos, con perseguir al personal, con la cuestión de demandas, con el hecho de cancelar su publicidad”, dijo Jorge Luis González, exdirector de Tribuna, que se ha enfrentado a múltiples acciones legales por parte de la gobernadora del estado, Layda Sansores.
Un vocero de Sansores, Walther Patrón —que también ha demandado a González por difamación—, rechazó una solicitud de entrevista.
El verano pasado, un juez prohibió a González publicar cualquier cosa relacionada con Sansores y ordenó a Tribuna que remitiera todo el contenido en el que se la mencionara a un revisor judicial para que lo autorizara antes de su publicación. Esa orden no entró en vigor porque el equipo de defensa de los periodistas presentó un amparo.
Por esos meses, Sheinbaum restó importancia a las preocupaciones de que se estuviera coartando la libertad de prensa.
“¿Dónde hay censura en México?, dijo a los periodistas. “Todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue”.
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Fuente: Infobae
