Un año después de que estallara, la migración irregular en el norte de Chile se proyecta como una profunda crisis humanitaria sin precedentes en el país y uno de los retos más espinosos que el gobierno saliente de Sebastián Piñera deja en herencia a la administración entrante, liderada por el progresista Gabriel Boric.
Un flujo diario de personas migrantes, en su mayoría venezolanos, a través del altiplano boliviano que ronda las cifras de otros trágicos éxodos, como la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental.
En Colchane, epicentro de la crisis y a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean los escasos controles extenuadas y ateridas.
«Yo salí hace cuatro meses de Venezuela. Pasé por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y ahora aquí estamos, sobreviviendo (…). Nosotros queremos llegar a Santiago, soy panadero, el muchacho que anda conmigo es electricista, el otro es soldador, muchos queremos trabajar de verdad», dijo a Efe Luis Montillo, de 25 años, mientras se encontraba al interior del campamento de emergencia levantado en Colchane.
Este recinto, con capacidad para 185 personas, ha sido una de las pocas respuestas que el Estado chileno ha dado al nutrido flujo migratorio.
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Una respuesta a todas luces insuficiente, denuncian diversas ONG, ya que a día de hoy el promedio de entradas oscila entre 200 y 400 migrantes.
PUEBLO COLAPSADO
Colchane, con casi 1.600 habitantes, no tiene supermercados, bancos ni alcantarillado, su cobertura telefónica es débil o nula y el servicio de salud primario tiene capacidad para atender poco más de 10 casos al día, con el hospital más cercano a 250 kilómetros en coche por un camino sinuoso y con tramos sin pavimentar.
En los primeros días de febrero de 2021, la llegada de unos 1.500 inmigrantes amenazó con desbordar la infraestructura comunal al doblar su población, el primer gran aviso de una crisis humanitaria que se extiende hasta hoy.
Emplazado entre montañas multicolores y la imponente tundra del altiplano, el clima es hostil, con fuerte ráfagas de viento durante los días calurosos y temperaturas bajo cero grados durante la noche, un escenario extremo para personas pertrechadas con un par de mochilas, camisetas delgadas y a veces sandalias por calzado, tras una caminata de meses y hambre de días acumulada.
Quienes quedan fuera -jóvenes, mujeres y niños- pernoctan en espacios públicos como plazas, paraderos o contenedores abandonados junto a la aduana, a la espera de lograr un cupo en el campamento para inmigrantes, lugar desde donde son luego trasladados a Iquique, en la costa chilena.
«HASTA QUE EL PAÍS RESISTA»
Hace tres años, Piñera participó junto a su par colombiano en un criticado evento en Cúcuta, en la frontera de Venezuela, en el que criticó el régimen de Nicolás Maduro y aseguró que Chile seguiría recibiendo a venezolanos, palabras que según expertos pudieron operar como «efecto llamada».
En julio de ese mismo año, y ante un notorio aumento de migración hacia Chile, su ministra portavoz, Cecilia Pérez, afirmó que se seguirían recibiendo ciudadanos venezolanos «hasta que el país resista», declaraciones cuestionadas por la oposición.
La migración irregular no era un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021 la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanas, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM).
Tomado de EFE
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