Luego de tener su pena reducida por la justicia, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace un año, no cuenta con recursos para pagar la fianza que le permitiría recuperar parcialmente la libertad dentro de unos seis meses.
Para poder pasar al régimen de encarcelamiento “semiabierto”, en el que el reo está en libertad de día y vuelve a la cárcel por las noches, Lula tendrá que desembolsar 760 mil dólares, monto que no está en condiciones de afrontar, según sus allegados.
“Abogados y amigos de Lula ya piensan en organizar una ‘vaquita’ (colecta voluntaria) para que pague la multa del Superior Tribunal de Justicia (STJ)”, informó ayer el diario Folha de San Pablo.
Los cuatro miembros de una sala del STJ aprobaron el martes que la condena de Lula se reduzca de 12 años y un mes, dictada en la sentencia original, a 8 años y 10 meses.
Al mismo tiempo, ratificaron las condenas por corrupción y lavado de dinero emitidas en 2017 por el exjuez Sergio Moro y ratificada en 2018 por el Tribunal Regional Federal 4, cámara de apelaciones.
Lula aseguró ayer que sólo existe un camino que lo llevará a la libertad y es el de la movilización popular.
Así lo afirmaron los abogados Luiz Carlos Rocha y Emidio de Souza, tras tener contacto con Lula después del veredicto del STJ.
“Fui preso políticamente y seré liberado políticamente por la lucha del pueblo brasileño”, confesó el exgobernante a los juristas.
Tras ser informado sobre la reducción de la pena por el caso de Guarujá, Lula reaccionó con la sobriedad de quien tiene la exacta noción de lo que significa para sus adversarios mantenerlo lejos de las calles.
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