La Corte Penal Internacional (CPI) decidió este lunes (26.01.2026) fijar para el 23 de febrero el inicio de la audiencia para confirmar los cargos por presuntos crímenes contra la humanidad contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte.
En una decisión de 25 páginas, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la solicitud de la defensa de suspender indefinidamente el proceso por presunta incapacidad cognitiva de Duterte, y concluyó que el exdirigente «puede ejercer de forma efectiva sus derechos procesales”, por lo que ordenó reanudar el procedimiento.
Los jueces también ordenaron que se apliquen medidas prácticas durante la vista para atender cualquier condición médica del acusado, que tiene 80 años.
La defensa había pedido una suspensión indefinida de todo el procedimiento, alegando que el exmandatario filipino no era apto para afrontar el proceso debido a un presunto deterioro cognitivo y, de forma alternativa, solicitó la celebración de una audiencia con los médicos para aclarar sus conclusiones sobre el estado de salud de Duterte, pero la Sala rechazó ambas peticiones.
Para resolver la cuestión los jueces ordenaron el pasado septiembre un examen médico independiente y nombraron un panel de tres expertos en psiquiatría forense, neuropsicología y neurología geriátrica. El panel evaluó a Duterte y presentó un informe conjunto y tres informes individuales en diciembre.
Protestas en Filipinas contra el expresidente Rodrigo Duterte. (16.112025).Imagen: Jam Sta Rosa/AFP
«Comprensión amplia» suficiente para un juicio justo
Aunque los peritos discreparon sobre la existencia y el alcance de determinadas afecciones médicas, coincidieron de forma unánime en que Duterte entiende los cargos, puede seguir el caso, comprende la naturaleza y las posibles consecuencias del procedimiento y está en condiciones de dar instrucciones a sus abogados, al menos en la fase preliminar del procedimiento, en el que se deben confirmar los cargos en su contra.
La Sala subrayó que la aptitud no requiere capacidades en su nivel máximo ni un conocimiento técnico del proceso, sino una «comprensión amplia” suficiente para garantizar un juicio justo.
La Fiscalía y el defensor de las víctimas respaldaron la reanudación del proceso, algo que han estado solicitando durante meses, pero la defensa cuestionó otra vez la fiabilidad de los informes independientes y pidió una vista probatoria, que fue descartada por los jueces al considerar que no existían contradicciones reales que afectaran a la conclusión conjunta del panel.
Con esta decisión, la CPI reactiva el calendario del caso: las partes deben presentar, a más tardar el 16 de febrero, sus escritos previos a la audiencia de confirmación de cargos y cualquier objeción u observación sobre el procedimiento.
Duterte fue detenido en marzo del año pasado en Manila tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI, clasificada inicialmente como secreta y hecha pública días después, y fue trasladado posteriormente a La Haya. La audiencia de confirmación de cargos estaba prevista inicialmente para septiembre, pero fue aplazada por objeción de la defensa.
Duterte está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.
Fuente: DW
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