El Senado brasileño creó este martes una comisión que investigará la gestión de la pandemia y supuestas «omisiones» del Gobierno de Jair Bolsonaro frente al COVID-19, que sigue descontrolada en el país, uno de los más afectados del mundo.
La comisión estará dominada por la oposición y senadores «independientes» pero también críticos del Gobierno y en especial del negacionismo de Bolsonaro frente a una pandemia que ya deja en el país casi 395.000 muertos, de los que poco más de la mitad se registraron en los primeros cuatro meses de este año.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, recomendó remedios sin eficacia comprobada para tratar el COVID-19 y desdeñó las vacunas, al punto de afirmar en algún momento que podían convertir a las personas en «yacarés» (caimanes).
La comisión tiene once titulares y siete suplentes con poderes absolutos para conducir la investigación y potestad para convocar a declarar a ministros y otras autoridades.
Entre los titulares, sólo cuatro son abiertamente bolsonaristas. Los otros siete pertenecen a partidos de oposición o que mantienen una posición de «independencia crítica» frente al Gobierno.
En la primera sesión fue elegida la directiva de la comisión, que será presidida por Omar Aziz, del Partido Social Democrático (PSD), una formación de centro que se declara independiente.
Como vicepresidente fue electo el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede y uno de los más duros críticos de Bolsonaro en el Parlamento.
El cargo de instructor, que será clave para el curso del trabajo, recayó en Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), una formación de centroderecha que no oculta su carácter opositor.
La investigación estará dirigida a determinar responsabilidades sobre los problemas de gestión de la pandemia, que la oposición achaca directamente al negacionismo de Bolsonaro y la ultraderecha que lidera.
Bolsonaro, por su parte, atribuye las causas del descontrol de la crisis sanitaria y el actual colapso hospitalario a los gobernadores y alcaldes, responsables por gestionar el dinero destinado por el Gobierno federal al combate del coronavirus.
La comisión tendrá un plazo inicial de 90 días para realizar la investigación, aunque podrá ser prorrogado en función del curso de su trabajo, que deberá concluir con un informe que, de acuerdo a sus conclusiones, puede ser remitido a los tribunales para el inicio de un proceso judicial.
EFE
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