El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó con algunos vetos la ley que flexibiliza las reglas para la aprobación y comercialiación de plaguicidas, la cual había sido fuertemente criticada por los ambientalistas, según se publicó este jueves (28.12.2023) en el Diario Oficial de Brasil.
La ley, que trata sobre control, inspección y fiscalización de los llamados agrotóxicos, fue sancionada con varios vetos «para garantizar una protección adecuada de los derechos a la vida y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado», señala un comunicado difundido por Presidencia y recogido por varios medios.
Lula rechazó, entre otros puntos, el artículo que dejaba en manos del Ministerio de Agricultura reevaluar los riesgos de los pesticidas. Con los vetos, seguirá correspondiendo a la agencia de medio ambiente (Ibama) y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) evaluar los impactos de posibles cambios en la composición química de los plaguicidas, con el mismo poder de decisión que Agricultura, antes de lanzar un producto modificado, según explica el comunicado recogido por Congreso En Foco.
De igual manera, el mandatario retiró un ítem que eximía a las empresas productoras de pesticidas de asumir el pago por las modificaciones de las etiquetas informativas de los productos y les permitía también la reutilización de los rótulos.
Los vetos del presidente podrán ser analizados nuevamente por el Congreso, que había aprobado el texto inicial de la ley después de una negociación con la llamada «bancada ruralista», integrada por legisladores opositores al Gobierno.
Modernizar el comercio de plaguicidas
El texto inicial, que tenía previsto reducir los tiempos para el registro de nuevos pesticidas, fue objeto de duras críticas por más de 140 organizaciones de la sociedad civil, que veían en este documento un alto potencial de perjudicar la salud humana y animal.
Según apuntan desde Congreso En Foco, el proyecto original surgió con «la premisa de modernizar el comercio de plaguicidas en Brasil», pero «fue criticado por ser flexible en puntos nocivos, como el consentimiento tácito para plaguicidas que no son evaluados por los órganos reguladores en un plazo determinado y la exención de renovar los análisis de riesgo en sustancias consideradas nocivas por los organismos internacionales», apunta.
Con la nueva ley se mantiene una pena de dos a cuatro años para quienes «produzcan, importen, comercialicen o eliminen residuos y envases vacíos de plaguicidas incumpliendo los requisitos legales», sostiene. Sin embargo, según el texto, «no habrá pena de cárcel para los casos de transporte, aplicación o prestación de servicios relacionados con los envases», recalcan desde Congreso En Foco.
DW
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