Las autoridades israelíes temen que la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la situación en Gaza desde mediados de noviembre, emita esta semana órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi, por considerar que no han hecho lo suficiente para evitar las violaciones cometidas por sus tropas contra los civiles palestinos, informa el diario Haaretz.
Según el diario israelí, tanto el Ministerio de Justicia, como los abogados del Ejército tratan de evitar que eso ocurra y, además, Netanyahu, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dremes, y países amigos de Israel, con Estados Unidos a la cabeza, intentan convencer al fiscal general de la CPI, Karim Khan, de que retrase o incluso impida la emisión de las órdenes judiciales.
«Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la Corte Penal Internacional de La Haya de socavar su derecho básico a defenderse», dijo Netanyahu el viernes pasado en una declaración en Telegram. «Si bien las decisiones tomadas por el tribunal de La Haya no afectarán las acciones de Israel, sentarán un precedente peligroso que amenaza a soldados y figuras públicas», añadió.
El diario destaca algunas de las declaraciones que a lo largo de 206 días han pronunciado varios de los más altos funcionarios del país como el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz que exigió el corte del suministro en la Franja de Gaza argumentando que «eso es lo que merecen los asesinos de niños». El Ejército de Israel ha matado desde el 7 de octubre a más de 34.000 palestinos y ha llevado a Gaza a una situación catastrófica. El grupo palestino Hamás está estudiando la última propuesta de tregua en estos momentos. Israel ha avisado de que este es el último intento de alcanzar un acuerdo antes de una invasión terrestre a Rafah, donde se hacinan 1,4 millones de palestinos, lo que podría significar un «desastre» según el presidente palestino Mahmud Abbas.
Israel, al igual que otros países como Estados Unidos, Rusia o Irán no reconocen la autoridad de la CPI, pero los 123 países que sí lo reconocen estarían obligados a detener a estos individuos y entregarlos al tribunal de la Haya en caso de que se emita una orden de arresto contra ellos y entren en sus territorios. Es algo que ha afectado, por ejemplo, a la posibilidad de viajes internacionales del presidente ruso. Por otra parte, según el exfiscal general adjunto israelí Roy Schondorf, citado por Haaretz, la emisión de órdenes de arresto podría dar lugar a medidas contra Israel como un embargo de armas o sanciones económicas.
DW
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