Las autoridades de Irán han intensificado la persecución contra los opositores tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Según Amnistía Internacional, desde esa fecha se han producido más de 6.000 detenciones y al menos 39 ejecuciones políticas. Los arrestos afectan a manifestantes, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas. La organización sostiene que el Gobierno utiliza el conflicto como pretexto para endurecer la represión a través de detenciones arbitrarias masivas, juicios acelerados sin garantías, ejecuciones por motivos políticos y confiscación de bienes.
Grupos de derechos humanos indican que, desde el inicio de la ofensiva extranjera, las fuerzas de seguridad han reprimido protestas con violencia y han atacado a quienes critican a la República Islámica, comparten información sobre los bombardeos o intentan acceder a información independiente. El comunicado de Amnistía Internacional resalta que el bloqueo de Internet, impuesto durante cerca de tres meses, fue un eje fundamental de la estrategia estatal para impedir la comunicación y la difusión de datos sobre la situación interna. Las autoridades criminalizaron el uso de VPN o conexiones por satélite, enviando advertencias y amenazando con arrestos, imputaciones y confiscación de bienes a quienes intentaran sortear las restricciones.
El jefe de la Policía de Irán, Ahmadreza Radán, declaró el 17 de mayo que más de 6.500 personas habían sido arrestadas bajo cargos de traición, espionaje o colaboración con potencias extranjeras desde el inicio de la ofensiva. Funcionarios y medios estatales han calificado sistemáticamente a los detenidos como “traidores”, “terroristas”, “mercenarios”, “agentes extranjeros”, “colaboradores del enemigo” y “contrarrevolucionarios”. Amnistía Internacional señala que las acusaciones incluyen compartir información sobre el conflicto en redes sociales, apoyar los bombardeos, aplaudir la muerte de altos cargos, o enviar imágenes de lugares atacados a medios vinculados con la oposición.
Entre los detenidos se encuentran activistas, estudiantes, profesores y familiares de manifestantes. La organización ha documentado casos de aislamiento, torturas, desapariciones forzadas, malos tratos, negativa de acceso a abogados y obtención de confesiones bajo coacción. Entre las personas afectadas figuran la abogada y activista Nasrín Sotudé, quien fue detenida el 1 de abril y permaneció desaparecida durante seis semanas, así como los abogados Astaré Ansari y Elham Zeraatpisé, y la periodista Mary Mohamadi, cuyo paradero se desconoce.
Según el informe, las autoridades han utilizado las confesiones de algunos detenidos como herramienta de propaganda, emitiendo vídeos antes de las ejecuciones. Amnistía Internacional ha señalado que se han incrementado las ejecuciones políticas, con 39 personas ajusticiadas desde el 28 de febrero. De estas, 16 eran manifestantes, nueve disidentes, diez acusados de espionaje en favor de Estados Unidos o Israel y cuatro acusados de rebelión armada contra el Estado.
Amnistía Internacional sostiene que las restricciones al acceso a Internet se implementaron con un sistema de autorizaciones personales, permitiendo que solo sectores específicos —principalmente miembros de las autoridades— pudieran acceder a la red. Bajo esta cobertura, se cometieron crímenes generalizados, según la organización. Las fuerzas de seguridad enviaron mensajes para advertir sobre el uso de VPN y conexiones por satélite, amenazando con arrestos, incautaciones de bienes y condenas bajo la Ley de Espionaje.
El Gobierno instauró un sistema digital para identificar e incautar los bienes de personas catalogadas como “terroristas y mercenarios”. Amnistía Internacional denunció que entre los afectados por detenciones arbitrarias, amenazas o citaciones a declarar figuran cientos de activistas, estudiantes, profesores y familiares de manifestantes. El comunicado también recoge que algunos detenidos han sido mantenidos en régimen de aislamiento y que se han producido desapariciones forzadas y malos tratos.
Erika Guevara Rosas, directora sénior de investigación y campañas de Amnistía Internacional, señaló que las autoridades “están aprovechando la crisis para erosionar aún más los derechos humanos de la población». La organización pidió la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, la protección frente a la tortura y otros malos tratos, y la revelación del destino y paradero de los desaparecidos por la fuerza. Solicitó también el levantamiento de todas las restricciones al acceso a Internet y el cese inmediato de las ejecuciones, proponiendo el establecimiento de una moratoria oficial sobre la pena de muerte.
Fuente: Infobae
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