El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que firmará un decreto para liberar a presos que hayan sido torturados.
«Todo interno (que se encuentre) en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado. No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado», dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina.
El Protocolo de Estambul, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto de 1999 y por la Comisión de Derechos Humanos el 4 de diciembre de 2000, es un manual de referencia internacional utilizado para investigar casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
López Obrador adelantó que la próxima semana se elaborará y firmará el decreto para excarcelar, antes del 15 de septiembre próximo, a los presos torturados.
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El Estado mexicano no acepta «ninguna confesión bajo tortura (…), no podemos continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos», enfatizó.
La iniciativa prevé igualmente la excarcelación de personas que lleven más de diez años sin sentencia y no estén acusadas de delitos graves.
También beneficiará a presos de más 65 años con enfermedades crónicas, previo diagnóstico de la secretaría de Salud, y concederá prisión domiciliaria a los de 75 años. En ambos casos no deben estar condenados por casos graves.
El decreto abriría la puerta a una eventual liberación de Israel Vallarta, encarcelado y sin sentencia desde 2005 por cargos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas.
Vallarta fue detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, aunque en 2013 la Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación por violaciones al debido proceso, en un caso que provocó un conflicto diplomático entre México y Francia.
La presunta tortura que habría sufrido Vallarta durante su detención «debe invalidar las pruebas obtenidas posterior a su detención», señaló en la misma conferencia Alejandro Encinas, subprocurador de Derechos Humanos, de la secretaría de Gobernación (Interior).
Sin embargo, el secuestro está catalogado en México como delito grave.
En el país hay 220.114 presos, de los cuales 94.547 no tienen sentencia, y de éstos 12.358 están acusados de delitos del fuero federal, de acuerdo con información presentada por el presidente.
AFP / México
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