¿Quién está legitimado para impedir a una persona adulta acabar con su propia vida?
El caso de la joven Noelia Castillo, que murió este jueves en Barcelona tras recibir la eutanasia después de casi dos años de batalla judicial por la oposición de su padre, ha abierto un debate en España sobre los límites de la ley, el papel del Estado y por qué se permitió alargar su sufrimiento durante 601 días.
Los críticos de la ley de eutanasia, entre ellos la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que lideraron la causa judicial emprendida por el padre de la joven, consideran que la muerte de Noelia es un fracaso del Estado, y que su caso «evidencia un problema estructural de la legislación: la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia».
A este mensaje se han sumado formaciones políticas como el conservador Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que las entidades encargadas de proteger a Noelia «le fallaron»; o el ultraderechista Vox, para quien la solución que le dio el Estado a Noelia fue «suicidarla», según dijo Santiago Abascal, su presidente.
Sus defensores, sin embargo, critican que la judicialización del derecho de Noelia a una muerte digna, que avalaron médicos, juristas y hasta cinco instancias judiciales distintas, prolongó su padecimiento de forma cruel e innecesaria.
El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose al derecho a la eutanasia se vio «saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia», sostenía este viernes el diario El País en su editorial.
A la complejidad del caso y su mediatización se sumó el ruido de las redes sociales, que se llenaron de mentiras e imprecisiones sobre el caso, y que avivaron el debate sobre la ley de eutanasia, que entró en vigor en España en 2021.
Desde entonces, más de 2.400 personas la han solicitado, de las cuales algo más de 1.100 personas la han recibido.
Fuente: BBC News Mundo
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