El narcotráfico vuelve a poner a prueba las relaciones entre Estados Unidos y México.
La decisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de acusar a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con el Cartel de Sinaloa —organización fundada por Joaquín «El Chapo» Guzmán y su socio Ismael «El Mayo» Zambada— ha desatado una tormenta al sur del río Grande, pues refuerza la tesis sostenida por la administración de Donald Trump de que su vecino «está controlado por los carteles».
Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran miembros destacados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al que pertenece la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, la atención mediática se ha centrado en Rocha. ¿La razón? Su cercanía con AMLO y las sospechas que desde hace tiempo lo vinculan con capos de la droga.
El gobernador ha rechazado los señalamientos en su contra y los ha calificado como una «calumnia» carente de «veracidad y fundamento alguno».
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Rocha habría recibido del Cartel de Sinaloa apoyo para ser electo, el cual habría incluido actos de presión contra sus adversarios. Esto, a cambio de que una vez en el cargo permitiera al grupo operar sin intervención de las autoridades estatales.
Sindicalista, académico y político
«Rocha es un cuadro histórico de la izquierda mexicana». Así describió el medio mexicano «Milenio» al gobernador, quien nació el 15 de junio de 1949 en el municipio de Badiraguato (Sinaloa), la misma zona donde, años después, en 1957, nació «El Chapo» Guzmán. Esta coincidencia ha alimentado las sospechas sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El político inició su carrera pública desde muy joven. En 1968, con apenas 20 años fue electo como secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México; y para principios de la década de 1980 lideraba el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde completó su formación.
Compaginó su carrera como educador y sindicalista con su primer intento por ser elegido como gobernador en 1986, donde fue abanderado por una alianza izquierdista integrada por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Corriente Socialista. No obstante, no consiguió más del 2% de los votos.
Tras su primer fracaso en la política regional, Rocha se enfocó en el ámbito universitario. Entre 1989 y 1992 fue secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de la que llegó a ser rector de 1993 a 1997.
En 1998, volvió a la política cuando AMLO lo invitó a ser abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gobernación del estado, pero quedó tercero en los escrutinios.
Pese a su cercanía con la izquierda colaboró como asesor en las administraciones de los gobernadores Jesús Alberto Aguilar Padilla (2005-2010) y de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En 2013, mucho antes de estos escándalos que ahora lo persiguen, Rocha publicó una novela titulada «El disimulo: así nació el narco», que relata la historia de cómo surgió el crimen organizado en Sinaloa, recordó el diario estadounidense The New York Times.
En 2017, se integró en Morena y en 2018 resultó electo senador.
Entre sospechas y polémicas
En 2021, Rocha se postuló por tercera vez a la gobernación de Sinaloa con el respaldo de Morena y consiguió ser elegido. Esto, a pesar de que ese mismo año el diario Milenio publicó informes de inteligencia mexicana en los que se aseguraba que el veterano político izquierdista tenía nexos con el cartel de Sinaloa.
Su gestión, sin embargo, ha estado rodeada de polémica, en particular por su manejo del problema de la violencia criminal.
El gobernador ha sido un defensor de la polémica política de «abrazos, no balazos» con la que AMLO quiso lidiar con la delincuencia.
«La seguridad es un tópico preocupante para los gobiernos de México e, inclusive, del mundo. Nosotros somos seguidores del presidente López Obrador y nuestra estrategia es la de él», declaró el funcionario al diario británico The Independent en 2023.
«Necesitamos darles sentido de vida a todos los pobres que viven en la marginación, no solamente para que se alimenten, sino para otorgarles educación, cultura, deporte y una forma de vivir dignamente. La gente actúa muchas veces por hambre, por incultura, por falta de atención de las autoridades», explicó.
Y aunque prometió que se castigaría a quienes delinquieran, su administración ha sido incapaz de frenar la violencia, en especial la que se ha desatado en Sinaloa tras la captura de «El Mayo» Zambada en julio de 2024, un hecho que abrió una guerra entre sus seguidores y «Los Chapitos» (los hijos del «Chapo» Guzmán).
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Los enfrentamientos han dejado 3.100 homicidios y 3.000 personas desaparecidas, según medios locales.
En febrero pasado, un grupo de abogados solicitó a la Fiscalía mexicana investigar al gobernador por su inacción frente a la crisis de violencia, reseñó el diario mexicano «El Universal».
Sin embargo, fue con la captura de «El Mayo» cuando comenzaron los verdaderos problemas para Rocha.
El capo aseguró, en una carta, que fue llevado a una trampa por «Los Chapitos», que lo convocaron a una reunión donde, le prometieron, estaría el gobernador, quien nunca apareció. En lugar de eso, lo secuestraron y llevaron a EE.UU. para entregarlo a las autoridades judiciales de ese país, según su relato.
«No estaba enterado de esa reunión. Ni estaba enterado ni me invitaron, ni tenían por qué hacerlo», aseveró en esa ocasión el funcionario.
AMLO salió en defensa de su aliado.
«Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha», declaró en agosto de 2024.
En similares términos se pronunció Sheinbaum, quien dijo: «Le creemos al gobernador».
Rocha, por su parte, cree que la acusación de los fiscales estadounidenses en su contra tiene dos objetivos.
El primero es debilitar al gobierno mexicano. «Este ataque no es únicamente a mi persona: sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a los mexicanos que representamos esa causa», afirmó en su cuenta de X (antigua Twitter).
Y segundo, «se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional», con el fin de justificar operaciones policiales y militares contra los carteles en territorio mexicano.
BBC
