Las víctimas de las dictaduras que hacen vigilia en el Prado de la ciudad de La Paz, desde el 2012, exigieron este martes al Gobierno no ponerlos en segundo plano e incluirlos en el proyecto de ley 221/2021-2022 que prevé el resarcimiento con Bs. 99, 9 millones.
El proyecto de ley prevé el pago de Bs. 99,9 millones, con dinero del Tesoro General de la Nación (TGN), a 1.714 personas que sufrieron violencia política en los gobiernos inconstitucionales constituidos entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
Victoria López, representante de la “Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad por la justicia y la memoria histórica del pueblo boliviano, sobrevivientes de las dictaduras”, sostuvo que el gobierno de Luis Arce los trata como “víctimas de las dictaduras de segunda” al no incluirlas en el proyecto de resarcimiento, en cambio primero atiende a los de Senkata y Sacaba.
“Somos las víctimas de segunda lamentablemente, porque el Gobierno está haciendo todo lo posible para ayudar a los de Senkata y Sacaba (y a nosotros, no). Hace unos días el ministro (de Justicia) entregó un fideicomiso de 800.000 bolivianos y recientemente han confirmado la reglamentación. A nosotros nos marginan”, explicó.
Las víctimas de las dictaduras que están en el Prado paceño, desde marzo de 2012, se declararon en emergencia y anunciaron medidas de protesta y presión en caso que el gobierno no escuche sus demandas.
Uno de los pedidos que tienen es la incorporación de al menos 500 víctimas de las dictaduras, que se encuentran en diferentes departamentos, para ser beneficiarios del resarcimiento previsto en el proyecto de ley 221/2021-2022, que solo incorpora a 1.714 personas de un total supuestamente de 6.221 enlistados.
“Sí, estamos pidiendo que nos incluyan al proyecto (de ley 221/2021-2022). Ellos pueden incluir un artículo (…) indicando que se van a revisar los expedientes de los descalificados y se va a permitir o se va a aceptar la presentación de los nuevos expedientes”, apuntó.
La representante de las víctimas de las dictaduras sostuvo que desde hace varias semanas solicitaron tres audiencias al ministro de Justicia, Iván Lima, pero no tuvieron ninguna respuesta. Asimismo, explicó que en el proceso de selección de las 1.714 se observó irregularidades, por ejemplo, la exigencia de datos de migración, cuando muchos salieron del país, en la época de las dictaduras, de forma clandestina.
Por otro lado, otro de los pedidos de las víctimas de las dictaduras apostadas en el Prado es el resarcimiento integral por la justicia y la verdad.
“¿Que decimos cuando queremos la verdad? Queremos que se investiguen a todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad en los años de dictadura en nuestro país, del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. Bolivia ha vivido 18 años de dictadura”, explicó López.
Proyecto de ley
El artículo único de la ley 221/2021-2022 explica que el pago para las personas se hará realidad a través de la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004. El texto original señala que el Poder Ejecutivo “queda encargado de tramitar aportes porcentuales anualmente, por donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales hasta cubrir el 80% del total del resarcimiento calificado por el conrevip”.
Se modificaría bajo el siguiente texto: «b) Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asignar recursos por un monto de hasta Bs 99.925.916,16 (…) correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera».
La disposición final del proyecto de ley explica que la lista final de los beneficiarios está establecida en el anexo del Decreto Supremo 1211 de mayo de 2012, en el que se identifica a 1.714 beneficiarios.
ANF
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