Bolivia ingresa a la quinta semana de protestas de sindicatos obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que han agravado la crisis económica que arrastra al país desde 2023 por los efectos de los bloqueos de carreteras contra sus industrias, producción de alimentos y turismo, entre otras áreas, con pérdidas que superan los 1.600 millones de dólares.
Las protestas contra la paz comenzaron a principios de mayo por demandas sectoriales que luego escalaron hasta exigir su renuncia, que es impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y grupos de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Estos sectores consideran que hubo un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno, al que también acusan de querer privatizar empresas y servicios por nuevas normas anunciadas para sectores como hidrocarburos y energías, algo que niegan las autoridades.
Paz consideró la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, en un contexto de crisis por la falta de dólares que comenzó en 2023, el desabastecimiento de combustibles y una inflación que en 2025 cerró en 20,40%.
Como consecuencia de los bloqueos, hay desabastecimiento de alimentos sobre todo en el departamento de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, donde iniciaron las protestas a principios de mayo, mientras que en regiones como Cochabamba y Santa Cruz, los productos que no se pueden enviar al interior o exterior del país se echan a perder.
También volvió a escasear el combustible, obligando a la gente a hacer filas durante días para conseguir gasolina o diésel y, además, falta oxígeno medicinal para los hospitales.
El costo del conflicto
El gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo a EFE que el impacto económico de los conflictos asciende a «1.680 millones de dólares», según proyecciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
También hay una pérdida de «imagen-país», con un «alto costo intangible que implica perder contratos con clientes y mercados, además de inversiones y turistas» por los bloqueos de rutas, alertó.
Rodríguez recordó que en 2025, hubo una «estanflación», ya que la economía decreció en 1,58% y la inflación superó el 20%.
El país se empobreció «durante los últimos tres años al haber decrecido su economía, mientras aumentaba la población», a lo que se suma la disminución del poder adquisitivo por una inflación «de dos dígitos», sostuvo.
Si a esto se suma «el impacto negativo de los bloqueos» sobre sectores como el agropecuario, industrias, el comercio exterior, transporte «y quienes viven del trabajo del día, la crisis económica se ha profundizado y ha aumentado la pobreza», agregó.
El economista Fernando Romero señaló en una columna de opinión que mayo «puede considerar uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019», pues si las pérdidas se aproximan a los 2.000 millones de dólares, «el impacto equivale a cerca del 3,6 a 4%» del producto interior bruto (PIB) nominal de 2025.
«El daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas. En una economía que ya venía de contracciones de -1,12% y -1,58% en los dos años anteriores; este choque profundiza más el decrecimiento económico», alertó.
Para Rodríguez, si a principios de año ya «se sabía que todo era cuesta arriba para poder crecer», el daño de los bloqueos «a la economía del país es irreparable», por lo que lo más probable es que este 2026 sea «una cuarta gestión de decrecimiento, por tanto, de un mayor empobrecimiento del país».
A su juicio, el Gobierno «debe pacificar con urgencia al país» y tomar «medidas de orden económico, con cambios estructurales que animen la inversión, la producción y la exportación, para a través de ello incrementar las recaudaciones y la generación de divisas».
Romero afirmó que la recuperación de Bolivia dependerá de reactivar la producción, pero además de «reconstruir la estabilidad institucional y la credibilidad económica que los mercados nacionales e internacionales consideran fundamentales».
EFE
Mira también
