Una carta fechada el 26 de junio da cuenta que Rolando Enríquez Cuéllar, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), comunicó y explicó al presidente, Luis Arce, su intención de denunciar presuntos vínculos de dirigentes del partido con el narcotráfico, tres días antes de difundir el caso en los medios de comunicación.
«Por este motivo señor Presidente es que pido se investigue señor Gerardo García Mendoza por vínculos y protección en favor del narcotraficante argentino Miguel Ángel Salazar Yavi, cuya verdadera identidad es José Miguel Farfán, recluido actualmente en una cárcel de Argentina por el delito de tráfico de drogas», refiere la parte final de la carta que mandó Cuéllar al Jefe de Estado.
Luego de conocerse caso Porongo, donde tres efectivos de la Policía fueron acribillados a manos de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico, el diputado Cuellar salió a los medios y dijo que le había llegado una fotografía del actual vicepresidente del MAS, Gerardo García, con un conocido narcotraficante y que haría público un aval en favor de esta persona.
El miércoles en la tarde, Cuéllar convocó a los medios de comunicación y se puso a leer el «aval» que habría entregado García. En el documento se revela que el MAS habría recibido dineros de forma periódico del narcotraficante desde la campaña de 2014.
En su conferencia de prensa, Cuéllar dijo que esa carta y las pruebas que tenía fueron entregadas al Presidente, al Vicepresidente, al ministro de Justicia y al ministro de Gobierno. Sin embargo, la denuncia no fue presentada ante el Ministerio Público para su investigación.
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En la carta que mandó a Arce, el diputado señala que García cometió dos delitos: legitimación de ganancias ilícitas y complicidad con el narcotráfico. Además afirma que Farfán realizaba contribuciones al MAS desde 2011 y no 2014, como señala el documento que leyó ante los medios de comunicación.
El legislador del MAS precisó que los dineros que entregó el narcotraficante fueron a parar a las cuentas particulares de Gerardo García y no al MAS y aseguró que cuando existe una denuncia se debe investigar a la persona y no a la institución.
Los sectores opositores al Gobierno reaccionaron ante la nota de Cuéllar y pidieron al Tribunal Supremo Electoral que actúe de oficio y cancele la personería jurídica del MAS, lo que provocó una ola de protestas de los masistas en contra del diputado cruceño.
Agencias
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