Ahoradigital – El caso que sacudió al Ministerio Público suma un nuevo capítulo y eleva la tensión institucional. El Gobierno denunció la existencia de una presunta “estructura criminal” que estaría intentando obstaculizar las investigaciones relacionadas con el exfiscal general Roger Mariaca.
La denuncia surgió después de que el fiscal general interino, Luis Montaño, dispusiera la destitución del fiscal de materia I Juan Pablo Mazzone, quien estaba vinculado a las actuaciones dentro del proceso.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, cuestionó duramente la decisión y acusó a Montaño de asumir atribuciones que, según el Ejecutivo, no le corresponden.
“Está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, sostuvo Gálvez, quien además afirmó que las recientes determinaciones dentro del Ministerio Público buscan debilitar a los fiscales que llevan adelante las investigaciones.
La acusación del Gobierno va más allá. Gálvez aseguró que existiría una estructura destinada a interferir en procesos judiciales y denunció que incluso se habría cerrado el sistema para impedir la admisión de nuevas denuncias.
“Esa maquinaria, esa estructura criminal está en acción”, afirmó el vocero presidencial.
El cruce se produce en medio de una investigación de alto impacto contra Mariaca, aprehendido junto a otras autoridades y funcionarios en un operativo policial que, según el Gobierno, permitió desarticular una presunta organización criminal instalada dentro del Ministerio Público.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que son 14 las personas aprehendidas y señaló que Mariaca es investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Entre los aprehendidos también figuran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otros funcionarios.
Las autoridades también reportaron el hallazgo de grandes cantidades de dinero en efectivo durante las intervenciones posteriores al operativo. El Gobierno sostiene que esos recursos estarían vinculados con cobros irregulares y actividades de la presunta estructura investigada, aunque estos extremos deberán ser establecidos dentro del proceso judicial.
Mientras la investigación avanza, el enfrentamiento ya dejó de ser únicamente un caso penal y se convirtió en una disputa abierta por el control y la conducción del Ministerio Público.
Gálvez advirtió que el Gobierno responderá por la vía legal ante cualquier intento de obstaculizar las investigaciones y sostuvo que el caso Mariaca “recién comienza”, mientras se analizan teléfonos y otros elementos para establecer posibles vínculos y responsabilidades.
El escenario deja una pregunta de fondo: ¿quién tiene actualmente la autoridad efectiva para conducir la Fiscalía y qué ocurrirá con las investigaciones que comprometen a altos funcionarios del Ministerio Público?
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