La apertura del juicio oral por el caso ‘Ambulancias fantasmas’, que llevó a prisión al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), aún no se ha podido instalar a pesar de seis intentos fallidos para cumplir con ese procedimiento.
La parte acusatoria teme que la investigación quede extinguida.
El más reciente intento tuvo lugar el 29 de noviembre, pero como sucedió en las anteriores cinco ocasiones la vista judicial fue “reprogramada”; esta vez, para las 10:30 en el Tribunal de Sentencia de La Paz. Sucedió porque uno de los imputados se presentó sin abogado, mientras Mamani se conectó a la plataforma virtual mediante audio y no con video.
“En el juicio debieron estar todos los imputados. Las chicanas en la que están incurriendo los acusados ponen en riesgo este proceso que ya está ralentizado. Lo que nos preocupa es que serán tres años sin lograr sentencia, y no quisiéramos que esto sea el argumento para que los imputados soliciten la extinción del proceso, siendo este hecho el mayor caso de corrupción en la historia potosina”, señaló la asambleísta Azucena Fuertes de la agrupación de partamental Puka Sonko, que es aliada de la centrista Unidad Nacional de Samuel Doria Medina.
Jhonny Mamani está con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz desde el 16 de agosto de 2023, investigado por la importación irregular de un lote de 41 ambulancias junto con un grupo empresarial pakistaní que opera desde el norte de Chile.
El 14 de enero de 2022, EL DEBER reveló que la Gobernación de Potosí había adquirido, a través del mecanismo de compra directa, esas 41 ambulancias. Entonces existía un acta de recepción, pero los motorizados nunca llegaron.
Tras las pesquisas realizadas por la Fiscalía en La Paz y no así en Potosí, el Ministerio Público solicitó al juez una pena de 10 años de prisión para el gobernador potosino por “incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las función pública y uso indebido de influencias”, delitos que pudo cometer cuando firmó el contrato de adquisición de estos vehículos con una empresa sin experiencia.
En aquella oportunidad, el gobernador potosino aseguró durante su defensa que, a pesar de las irregularidades, no hubo daño al Estado. No obstante, Mamani fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas. En un primer momento, las autoridades de la Fiscalía de Potosí no hallaron indicios de corrupción, pero por efecto de la “presión social”, esa entidad reencaminó el proceso.
La asambleísta recordó que entre Navidad de 2021 y Año Nuevo de 2022, Mamani debía recibir las 41 ambulancias destinadas a la lucha contra la pandemia. La proveedora, Stefals Logistics, falló con la entrega, pero para facilitar el pago se hizo figurar un acta de recepción en el Ministerio de Economía horas antes de Año Nuevo para que figure en el periodo.
Fuertes también recordó que existían cuatro contratos, en el que mayor era por Bs 20.500.000 bolivianos para las ambulancias, luego un segundo con la misma empresa por $us 100.000 para una vagoneta de lujo destinada al despacho y otros dos contratos para camionetas doble cabina para la Policía Boliviana, tanto para seguridad ciudadana y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
“En este proceso de contratación, pese a que no se cumple con la entrega de ambulancias no se ejecuta la póliza de garantías por más de medio millón de bolivianos. Lo que hacen los funcionarios hacen una cuota colectiva millonario. Hubo quienes aportaron 350.000 para lograr el más de medio millón”, agregó.
En esa línea, el asambleísta departamental Jaime Osvaldo Flores indicó que los acusados juegan a que el caso se extinga porque el próximo 31 de enero se cumplirán tres años de este proceso legal-
“Hacemos los votos para que se pueda instalar y definitivamente podamos tener una sentencia dentro de este caso fallido de las 41 ambulancias”, señaló.
A pesar de estas acusaciones, en su momento, el expresidente Evo Morales defendió la gestión de Mamani calificándola de la mejor que haya estado en el cargo y acusó al presidente Luis Arce de tratar de descabezar a la Gobernación de Potosí para poner una autoridad afín a su bloque. El gobernador preso es cercano al expresidente Morales.
EL DEBER
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