El Ministerio Público abrió una investigación por el caso Kailasa, luego de admitir la denuncia presentada por la diputada María René Álvarez (Creemos). La legisladora confirmó que fue notificada este lunes desde la Fiscalía de Trinidad y afirmó que el proceso debe alcanzar a autoridades de Gobierno, como la canciller Celinda Sosa; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; y hasta el presidente Luis Arce Catacora.
“Nos hicieron conocer que habían admitido la denuncia y se apertura la investigación. Sabemos que estos contratos no se firmaron de manera unilateral. También hubo un proceder por parte de los representantes del territorio indígena”, explicó Álvarez en contacto con EL DEBER.
La denuncia, que menciona a tres representantes del Estado ficticio de Kailasa ya expulsados del país, se basa en el presunto delito de tráfico de tierras. El caso generó polémica nacional después de que se conocieran contratos firmados entre estas personas y cuatro pueblos indígenas, con condiciones que incluían derechos sobre el territorio por mil años, el espacio aéreo y los recursos naturales.
“Este caso no puede quedar en la nada. Está comprometida la imagen del presidente Luis Arce Catacora, que apareció en actos públicos con los representantes de esta secta. El Gobierno debería ser el más interesado en que se investigue”, afirmó la diputada, que además cuestionó el silencio oficial tras la expulsión de los extranjeros.
Álvarez también reveló que uno de los dirigentes indígenas vinculados al caso afirmó en una entrevista que el proceso contractual avanzaba con respaldo notarial y que esperaban el reconocimiento de Cancillería. “Eso nos genera más dudas”, apuntó.
En su denuncia, la parlamentaria sugiere que este caso podría estar relacionado con otros delitos. “Utilizan la fachada de defensores del medioambiente, pero en realidad hay intereses vinculados al tráfico de tierras, narcotráfico y explotación de minerales. Es parte de un entramado más grande que viene operando hace años”, afirmó.
El caso Kailasa se suma a una larga lista de conflictos territoriales y de tierras que han afectado reservas, parques nacionales y propiedades en el oriente boliviano. Casos como Las Londras, Bajo Paraguá, Otuquis, Choré y Ñembi Guasu han sido denunciados por avasallamientos, uso de armas y actividad ilegal sin que se registren avances en los procesos judiciales.
Por esta razón, Álvarez pidió al Ministerio Público actuar con celeridad e independencia. “Esperamos que el proceso no se dilate. Hay que convocar como testigos a todas las autoridades que participaron de actos públicos con estos personajes. Hay muchas dudas y el país merece respuestas”, sostuvo.
EL DEBER
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