La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró este viernes en una huelga indefinida para forzar al gobierno de Rodrigo Paz a atender una serie de demandas, incluido un aumento salarial del 20%, y advirtió que si el Ejecutivo no atiende sus reclamos, deberá «renunciar».
«A partir del día de hoy, se declara el paro (huelga) general indefinido movilizado hasta que el Gobierno atienda el pedido del pueblo, y si no cumple, que se vaya a su casa», sostuvo el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo.
Argollo pronunció un amplio discurso con críticas al gobierno de Paz, ante centenares de obreros, trabajadores de salud, fabriles, mineros y maestros que acudieron al cabildo convocado por la COB en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, por el Día Internacional del Trabajo.
Para cerrar el mitin, Argollo pidió que los participantes aprueben por aclamación la realización del «paro general indefinido movilizado hasta» lograr «que el Gobierno, de manera inmediata, atienda los pedidos» de estos sectores, o de lo contrario, «agarre sus maletas y tenga que renunciar».
Otras resoluciones aprobadas son la demanda del incremento salarial del 20%, el recorte de sueldos para altos mandos estatales y el «rechazo a la privatización» de empresas estatales, entre otras.
La entidad sindical incluyó también reclamos de sectores movilizados por otros motivos, como los campesinos e indígenas amazónicos que exigen la anulación de una ley que «reclasifica» la pequeña propiedad como mediana.
La reclasificación establecida en la norma es voluntaria, pero los sectores que la rechazan consideran que favorecerán solo a los grandes empresarios y por eso iniciaron hace 23 días una caminata desde el norte amazónico boliviano hacia La Paz para exigir la abrogación de la ley.
La COB fue aliada política de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), durante los cuales el 1 de mayo se dictaron decretos obligatorios de aumentos salariales acordados entre sindicatos y autoridades.
La entidad sindical ya tuvo un pulso con el gobierno de Paz por el decreto que en diciembre levantó la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas.
Ese conflicto se resolvió con el reemplazo de ese decreto por otro que eliminó algunas disposiciones cuestionadas por la COB, pero se mantuvieron otras, como el retiro de la subvención a los carburantes y el aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares).
Esta jornada, Paz cuestionó que se pide un aumento salarial del 20% cuando la economía del país está «quebrada», en un encuentro con algunos sindicatos en la región central de Cochabamba.
El gobernante sostuvo que si no hay trabajo, «solo unos cuantos» se beneficiarán con el aumento salarial reclamado y «no se beneficiará el resto del país».
EFE
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