El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó como cínico el informe que presentó el Gobierno sobre la muerte del indígena Lino Peña y aseguró que la única instancia para solucionar el problema de la tierra es la Comisión Agraria Departamental, que fue suspendida nuevamente por la ausencia del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El domingo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que Peña murió a causa de secuelas graves que le dejó el coronavirus en su cuerpo y no a raíz de los golpes que sufrió en un enfrentamiento por tierras con los interculturales.
“No podemos ser parte del cinismo del ministro de Gobierno, al decir que (Peña) falleció por Covid, cuando todos sabemos que las complicaciones que tuvo don Lino fueron a consecuencia de una golpiza, que hubiera derivado en un problema de Covid es distinto. Todos sabemos que ingresó a un hospital de Santa Cruz a raíz de una golpiza y eso es lo que se tiene que resolver”, señaló Camacho.
El gobernador dijo que la única vía para resolver los conflictos por la tenencia de la tierra y evitar mas enfrentamientos en la región es la Comisión Agraria Departamental, que fue convocada para este lunes, pero que se tuvo que suspender por la insistencia del director regional del INRA.
Según las normas nacionales, la comisión no puede instalarse sin la presencia de la entidad agraria. Con lo ocurrido hoy, son dos los intentos fallidos para instalar esta comisión. La anterior convocatoria fue el 8 de julio.
Ante la nueva inasistencia del INRA, Camacho anunció que realizará una nueva denuncia penal contra el secretario departamental INRA, Adalberto Rojas, por incumplimiento de deberes y presentará una acción de cumplimiento en el Palacio de Justicia, para que asista a la CAD.
Finalmente, Camacho lanzó una tercera convocatoria para el 13 de agosto, a las 9:00, en instalaciones del INRA en Santa Cruz.
“Ya que el director del INRA no viene a sesionar vamos a ir las instalaciones del Instituto a sesionar para que no haya excusas”, dijo.
Desde hace meses, las autoridades cruceñas y el Gobierno sostienen fricciones por la tenencia de la tierra en Santa Cruz.
Estas desavenencias se deben a las denuncias de asentamientos ilegales en predios destinados para los nativos del oriente, por campesinos y el sector intercultural, que son militantes del partido oficialista.
El Deber
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