Todo comenzó el miércoles en La Paz, con la aprehensión del alcalde de Policía Rubén Aparicio Villarroel, conocido como el “capitán Aparicio”. Según el comandante general de la Policía, coronel Adrián Álvarez, el oficial proporcionó información que vinculó a altas autoridades del Ministerio Público con hechos delictivos, en investigaciones sobre legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Esos procesos se activaron a partir de informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
“Se procedió, en la ciudad de La Paz, a la aprehensión del alcalde de Policía de nombre Rubén Aparicio Villarroel, quien proporcionó información que vincula la participación de altas autoridades del Ministerio Público”, explicó Álvarez en conferencia de prensa.
Con esos datos, las unidades especializadas actuaron en Santa Cruz y aprehendieron al fiscal general del Estado, Róger Rider Mariaca Montenegro, y al fiscal departamental cruceño, Alberto Zeballos Flores. Ambos quedaron bajo custodia policial y, antes de ser llevados a dependencias del Ministerio Público en esa ciudad, la Policía recibió información de inteligencia: grupos delincuenciales se dirigieron al aeropuerto de Viru Viru para generar “zozobra” e intervenir en el operativo. “Se toma la determinación de su traslado al departamento de La Paz por razones estrictamente de seguridad”, afirmó el comandante.
Mientras tanto, en el domicilio de Zeballos fueron aprehendidos dos especialistas en videovigilancia e informática, que según la Policía iban a retirar los grabadores de video (DVR). Luego, ocho funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz fueron interceptados cuando se trasladaban en tres vehículos oficiales y tres particulares a la casa de Mariaca, con el fin de retirar documentación e indicios materiales.
Según la nota de prensa del Gobierno, la Policía también requisó una ambulancia particular que salía de esa vivienda, en cuyo interior encontró maletines con 3.532.100 bolivianos y 10.000 dólares, contabilizados ante la unidad de transparencia y los medios.
De forma simultánea, en Sucre fue aprehendido el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores en la Fiscalía General del Estado, donde, según Álvarez, estaba “con otras personas que pretendían extraer documentación”. Fue trasladado de inmediato a La Paz por vía terrestre.
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