Dos juicios internacionales frente a Chile que fueron llevados ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya (Países Bajos), le significaron a Bolivia al menos $us 32 millones, según una de las cifras expuestas por el Gobierno y otra que fue exteriorizado por un diplomático y parlamentario opositor
Estos dos casos son por la demanda marítima y la disputada por el Silala, siendo este último el más reciente y cuyo fallo se dio a conocer este jueves 1 de diciembre, el cual es considerad como favorable por parte de las autoridades del Gobierno central.
El primero de estos juicios tenía por objetivo lograr una salida soberana al océano Pacífico; no obstante, la situación fue desfavorable para Bolivia, cuando la CIJ rechazó que Chile esté obligado jurídicamente a entablar negociaciones por un acceso soberano a la costa.
Esta situación le representó a Bolivia un desembolso de $us 14 millones, cifra que fue revelada por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde donde comandaban la demanda junto al Consejo de Reivindicación Marítima, desde donde también se adoptaron funciones del “Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y todos los recursos hídricos en frontera con la República de Chile”.
“Los costos erogados por el Estado boliviano en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), desde el año 2011 hasta la fecha, ascienden a la suma de catorce millones dieciocho mil dólares”, reseña un comunicado emitido dicha cartera de Estado.
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En ese entonces, el Gobierno chileno informó que, en los cinco años de juicio con Bolivia, gastó más de $us 24 millones, según el reporte del diario El Mercurio, desde donde también exteriorizaron que el monto estaba presupuestado en un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores denominado Dirección de Fronteras y Límites de Estado.
En ese monto, de acuerdo al reporte, también se incluyeron los gastos por el trabajo realizado por la demanda presentada por Chile respecto del río Silala.
Si bien el monto por el juicio del Silala todavía no fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el diplomático y diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, estimó que el proceso demandó cerca de $us 18 millones.
“El MAS usó la política exterior como política interior”, cuestionó Aliaga, agregando que Bolivia reconoció que el Silala es un río internacional “cuando nadie se lo pedía”.
El fallo
La CIJ reconoció la soberanía de Bolivia sobre los canales artificiales ubicados en su territorio y su derecho soberano a decidir si los mantiene, al igual que se estableció que Chile no tiene derecho a adquirir el uso total de las aguas.
Además, la decisión de la Corte permite la restauración de los bofedales del Silala que son ecosistemas que regulan, almacenan y filtran el agua en zonas altas y son de gran importancia porque representan el 3% del planeta. Esto significa el derecho a reponer ecosistemas que son hábitats de especies, fuentes de humedad que se encontraban en peligro de desaparecer.
La Corte también estableció que Bolivia tiene derecho sobre el uso del torrente de estas aguas. En relación a este punto, el canciller Rogelio Mayta remarcó que es una oportunidad de desarrollo para Bolivia y que este fallo permite tener certidumbre superando las posiciones contrapropuestas de ambos países, y reconoció la labor de los jueces y de la CIJ en generar el espacio propicio para que ambas partes acerquen sus posiciones.
“Hoy concluyó la controversia sobre la naturaleza y uso de las aguas del Silala, y a partir de ahora en base al fallo, Bolivia ejercerá los derechos que tiene sobre las aguas”, aseguró Mayta, dando por zanjado el asunto en torno a este recurso compartido.
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