El sugbobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, podrá salir de la cárcel previo pago de una fianza de 20 mil bolivianos y el cumplimiento de otros requisitos fijados por la justicia tras una maratónica audiencia de medidas cautelares. Esta autoridad fue acusada de la agresión al pueblo ayoreo en el municipio de Concepción durante el paro cívico en Santa Cruz.
“El juez dispuso las medidas sustitutivas a la detención preventiva. O sea él va a salir en libertad bajo medidas como arraigo, una fianza económica de 20 mil bolivianos, presentarse ante el ministerio público cada siete días, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes, está prohibido de consumir bebidas alcohólicas y no estar en acto públicos”, declaró el abogado de la autoridad cruceña, Samuel Moreno.
Velásquez fue aprehendido el pasado miércoles por la noche cuando él viajaba con su familia y pasaba el retén de Puerto Pailas. Fue acusado de racismo, discriminación y lesiones graves por un enfrentamiento que tuvo con miembros de la comunidad ayorea ene l municipio de Concepción el 28 de octubre cuando aún estaba vigente el paro indefinido de Santa cruz.
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En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó de la orden de aprehensión a través de su cuenta de Twitter. “Informamos al pueblo boliviano que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, Daniel Velásquez, por los ataques al pueblo ayoreo suscitados en el paro cívico, la cual fue ejecutada por nuestra Policía Boliviana en cumplimiento de la normativa legal vigente”.
Tras su detención, su defensa denunció irregularidades. Por ejemplo, que fue trasladado a la ciudad de Santa cruz de la Sierra cuando el caso se abrió en Concepción, e incluso negaron que hubiera cometido algún delito. Acusaron a los comunarios de agredir al subgobernador.
“La audiencia fue muy larga –agregó el abogado de la autoridad- en la que participamos autoridades del ministerio de Gobierno, de Justicia, el viceministerio de cultura y el ministerio público, este último encargado de llevar adelante esta investigación”.
Tomado de Página Siete
