El Gobierno presentó una querella en contra de la jueza Lilian Moreno, que anuló la orden de aprehensión y la imputación que pesaba sobre el expresidente Evo Morales por un caso de trata de personas.
“Se ha presentado una acción penal acá en La Paz y se ha presentación una acción disciplinaria en Sucre, inicialmente se ha presentado por prevaricato y en las últimas horas se ha ampliado por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales”, afirmó el ministro de Justicia, César Siles, en entre vista con Bolivia Tv.
Jueza Lilian Moreno
La denuncia presentada inicialmente contra la jueza por el presunto delito de prevaricato fue ampliada en las últimas horas, según dijo la autoridad. Ahora también incluye el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales.
La ampliación se basa en el presunto incumplimiento de una orden judicial emitida por el juez Franz Zavaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dejó el viernes sin efecto todas las resoluciones emitidas por Moreno.
“El juez competente dispuso que se dejen en suspenso todas las resoluciones dictadas por la juez Lilian Moreno con posterioridad a ese fallo, incluida la última resolución en la que disponía la anulación de un proceso”, enfatizó Siles.
Evo Morales
Con esa decisión, la orden de aprehensión contra Morales sigue vigente, tal como había sido dispuesta previamente en el marco del proceso iniciado por trata de personas.
El fallo también revierte la resolución tomada a finales de abril en Santa Cruz, cuando la jueza Moreno no solo dejó sin efecto la orden de aprehensión, sino que además ordenó trasladar el caso de Tarija a Cochabamba bajo el argumento de que el acusado reside en ese departamento.
La controversia judicial reaviva el debate sobre la independencia y la coordinación entre jueces departamentales, además del uso de recursos legales para modificar o anular decisiones en casos sensibles de orden político y penal.
Por su parte, los seguidores de Morales descalificaron la resolución emitida por el juez paceño y justificaron su posición asegurando que “ninguna sentencia puede anular otra sentencia” y que, por lo tanto, no existe una orden de aprehensión vigente para Morales.
La Razón
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