Ahoradigital.- Lara respondió mediante un comunicado en el que recordó las atribuciones constitucionales de la institución del orden y sostuvo que no corresponde a la Policía emitir valoraciones sobre procesos judiciales.
“La Constitución es clara: art. 251. La Policía Boliviana obedece y ejecuta. No califica procesos, no opina sobre culpables ni inocentes. Su deber es proteger al pueblo y hacer cumplir la ley”, manifestó el vicepresidente.
Lara también cuestionó que Sokol se hubiera referido a la supuesta “falta de solidez” de uno de los procesos contra Morales, señalando que ese tipo de valoraciones corresponde a jueces y fiscales.
“Opinar desde un uniforme debilita la institucionalidad”, afirmó.
El vicepresidente agregó que existen alrededor de 18.000 órdenes de aprehensión pendientes y reclamó que estas sean ejecutadas con celeridad, “sin privilegios ni excusas”.
Sokol dijo que Evo no es prioridad
La polémica surgió después de que el comandante general de la Policía afirmara que la captura del expresidente Evo Morales “no es una prioridad” para su gestión.
Sokol también se refirió al proceso por trata de personas que enfrenta Morales y sostuvo que el caso “no va muy bien en el tema de las pruebas”, declaraciones realizadas durante una entrevista con el periodista José Pomacusi.
Las afirmaciones generaron cuestionamientos y además fueron contradichas por el propio ministro de Gobierno, Marco Oviedo, quien este lunes aseguró que detener al expresidente constituye una “tarea prioritaria” para el Gobierno.
Dos órdenes de aprehensión contra Morales
Actualmente pesan sobre Evo Morales dos órdenes de aprehensión.
La primera está relacionada con el proceso por trata de personas, en el que se investiga una presunta relación con una adolescente durante el periodo en que Morales ejercía la Presidencia.
La segunda orden fue emitida la semana pasada dentro de la investigación por los bloqueos que se extendieron durante 53 días entre mayo y junio.
En este último caso, Morales es investigado por seis delitos, entre ellos alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las declaraciones de Lara y Oviedo profundizan la controversia sobre la actuación de la Policía frente a las órdenes judiciales contra el exmandatario y dejan al comandante Sokol en medio de cuestionamientos desde el propio Ejecutivo.
Ahoradigital con información de Unitel.
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