Ahoradigital – El exdiputado Amílcar Barral denunció que desde la Vicepresidencia y la Fiscalía General, durante la gestión de Roger Mariaca, se habrían impartido instrucciones para agilizar un proceso iniciado en su contra y buscar su aprehensión.
La denuncia está relacionada con un proceso presentado por la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, por presunta violencia psicológica y acoso político.
Barral afirmó que no tuvo conocimiento formal del caso hasta el jueves, cuando fue convocado a declarar en Santa Cruz al día siguiente. También sostuvo que se habían emitido medidas de protección en su contra sin que, según su versión, hubiera sido informado previamente.
“Ha habido órdenes desde La Paz, desde la Vicepresidencia, a la Fiscalía General, o sea, a Mariaca, que ya no es Fiscal General, y por ende a alguien en Santa Cruz”, denunció Barral, quien mencionó a la fiscal Gambarte como una de las autoridades que habría recibido instrucciones para acelerar el proceso.
El exlegislador señaló que finalmente se presentó a declarar y aseguró que, tras el cambio en la conducción de la Fiscalía General, los investigadores actuaron de manera imparcial.
Barral calificó la denuncia como injustificada y sostuvo que, desde su perspectiva, se habría utilizado el proceso como una forma de intimidarlo e incluso de intentar detenerlo.
“No tenemos miedo, vamos a seguirnos defendiendo”, afirmó, al señalar que espera que la denuncia sea rechazada.
El caso se conoce en medio de la crisis que atraviesa el Ministerio Público tras la suspensión y aprehensión de Roger Mariaca. La situación también tiene un componente político debido a que el vicepresidente Edmand Lara había cuestionado públicamente las acciones del Gobierno contra el ahora exfiscal general y rechazado su destitución desde la Asamblea Legislativa.
Hasta el momento, las acusaciones sobre una supuesta intervención de la Vicepresidencia y de Mariaca en el proceso contra Barral corresponden a la versión del exdiputado y no implican, por sí mismas, que dichas acciones hayan sido judicialmente comprobadas.
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