Tras 36 días de paro en Santa Cruz y una ley del Censo que garantiza la aplicación de resultados del empadronamiento en la redistribución de recursos desde septiembre del 2024 y en las elecciones del 2025, el Gobierno insiste en que quienes formaron parte del Comité Interinstitucional sean procesados por las muertes y las pérdidas que según el Gobierno, suman 1.200 millones de dólares. En el Comité Cívico de Santa Cruz piden estar alertas para volver a las calles para defender a la dirigencia.
“Eso de creer y pensar que uno puedo llevar adelante medidas sin que tengan responsabilidad solo está en su cabeza de ellos. El Estado tiene sus maneras y formas para establecer justicia, esperemos que eso llegue antes o después”, manifestó este domingo, Jorge Richter, vocero presidencial.
Días antes, los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; el de Obras Públicas, Edgar Montaño; la de Presidencia, María Nela Prada, fueron algunas de las autoridades del órgano Ejecutivo que responsabilizaron por las pérdidas económicas y las muertes durante el paro, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar.
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El órgano Legislativo, dominado por el MAS, también se pronunció para que hayan procesos por el paro en Santa Cruz. “Los señores Camacho, Calvo y otros, autores intelectuales y materiales de varios delitos, que difundieron discursos de odio, racismo, y que ocasionaron actos vandálicos en Santa Cruz, deben rendir cuentas ante la justicia”, señaló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Similar posición manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.
“La justicia tiene que ser más rápida, más diligente, actuar con celeridad porque hay una población que está esperando y aguardando pacientemente”, señaló el sábado Richter en Kawsachun Coca.
Para el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, era previsible que el Gobierno impulse procesos por la medida de presión que impulsó la Ley del Censo y advirtió que el discurso que pronunció el viernes el presidente lo que buscaba era procesar a líderes del departamento y señaló que quienes impulsaron la violencia, fueron grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los cívicos también se pronunciaron por la posición del Gobierno, se declararon en emergencia y en estado de alerta permanente, exigiendo el cese de la persecución. Pidieron también a través de un comunicado estar atentos al llamado para “defender en las calles” a la dirigencia del departamento.
El paro indefinido que acató Santa Cruz, en un principio exigiendo la realización del Censo, fue determinado en el cabildo realizado el 30 de septiembre en Santa Cruz, tras la negativa del Gobierno de realizar el empadronamiento el 2023.
En otro multitudinario cabildo del 13 de noviembre, se determinó que los legisladores cruceños viabilicen una ley que garantice que los resultados del empadronamiento censal se apliquen a la redistribución de recursos desde el 2024 y también en las elecciones generales del 2025.
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