El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado este miércoles por un tribunal de los Estados Unidos a siete años de cárcel tras haberse declarado culpable de haber participado en el delito de lavado de dinero y la recepción de sobornos a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato de venta de gases lacrimógenos y material antimotines cuyo comprador era el Estado de Bolivia.
El exministro, de 59 años, fue detenido el 26 de mayo de 2021 por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fueron también arrestados cerca de esa fecha su exjefe de gabinete Sergio Méndez, de 51, así como tres empresarios estadounidenses, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld, que fueron los que pagaron los sobornos.
Según documentos judiciales, los tres empresarios pagaron entre noviembre de 2019 y abril de 2020 unos 602.000 dólares en sobornos a funcionarios bolivianos en beneficio de Murillo y Méndez.
Estas son las claves del caso, según la investigación de la justicia de los EEUU, y que llevó a condenar a Murillo y todos los implicados:
1. Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por al menos $us 582.000 a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal y a Arturo Murillo y al menos $us 20.000 al co-consipirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia a cambio de utilizar sus cargos para ayudar al intermediario. El nombre de esta persona, que se conoce fue el informante de las autoridades de EEUU, nunca fue revelado.
2. Para lavar el dinero, los funcionarios realizaron transferencias desde una cuenta bancaria del Banco Central de Bolivia a cuentas bancarias pertenecientes a la empresa intermediaria ubicada en los Estados Unidos y luego enviaron el dinero a otra cuenta controlada por Philip Lichtenfeld, esta vez ubicada en Bolivia.
3. Se acusa a Méndez y Murillo junto con otro asociado del Ministerio de Defensa ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5.6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al Gobierno de Jeanine Añez.
4. El presunto dueño de la empresa era Bryan Berkman, fue quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por 3.3 millones de dólares y luego entregar el material por 5.6 millones de dólares. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar pagos de sobornos a Méndez y su socio en el Ministerio de Defensa. Una parte de los fondos debía salir de una entrega de 700.000 dólares en efectivo a Bolivia.
5. Berkman es el director general de Bravo Tactical Solutions, con sede en Taramac, según el registro de empresas de Florida. Su padre, Luis Berkman, también arrestado y acusado, regentar otra empresa con sede en Taramac llamada International Defense Group.
[Foto: AFP] /
6. Berkman padre fue arrestado por tráfico de armas en 2001, acusado de encabezar una banda criminal que trató de introducir armas militares de asalto de contrabando en Paraguay. Se lo declaró prófugo en 2013 sin que hubiera veredicto de culpabilidad, de acuerdo con un documento judicial boliviano.
7. Philip Lichtenfeld, es oriundo de Cochabamba, Bolivia, como los Berkman. Estaba viviendo en Buenos Aires, Argentina, antes de entregarse a las autoridades estadounidenses.
8. Según las pruebas recabadas de mensajes de texto, correos electrónicos y archivos bancarios revelan que uno de los asociados le pidió a Méndez que escribiera una carta al fabricante brasileño de gas lacrimógeno para insistir que el gobierno boliviano sólo compraría los productos a través de la empresa de Berkman.
9. El daño económico al Estado de Bolivia fue de 2.3 millones de dólares.
10. Sus cómplices, Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld se declararon culpables el 28 de septiembre de 2021. Murillo fue el último en reconocer su culpabilidad en octubre del año pasado.
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