Continúa la polémica. El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que Quiborax no merecía ser indemnizada por la reversión de su concesión en el Salar de Uyuni y dijo que el expresidente Carlos Mesa debe reponer al Estado los $us 42 millones que se pagó en esa operación.
“Quien originó el daño fue Carlos Mesa, por su ley y por su decreto. Sea a través de una acción civil o una acción penal, el Estado tiene que recuperar el dinero que ha pagado y el señor Mesa es responsable de ese dinero que ha perdido el pueblo boliviano”, declaró Lima.
La autoridad, que fue entrevistada por el canal estatal BTV, apuntó que esos $us 42 millones bien podrían servir “para construir esta nueva justicia que queremos”.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó la pasada semana el juicio de responsabilidades contra Mesa, quien es acusado de incumplimiento de deberes formales y daño económico al Estado.
El exmandatario rechazó el proceso legal porque aseguró que la reversión de la concesión de Quiborax en 2004 fue “una nacionalización del salar Uyuni” y porque formaría parte de la estrategia del MAS para la aprobación de los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Comunidad Ciudadana (CC), la alianza opositora que lidera Mesa en el Legislativo, cuenta con 50 legisladores que son necesarios para la aprobación de los llamados casos de corte que requieren del voto de dos tercios de los legisladores presentes.
Según Lima, el rechazo de Mesa para que se viabilice este proceso constituye una evidencia de que el exmandatario no quiere que se haga justicia.
“Coincidimos todos, esa empresa no merecía ese pago; pero ese pago se define y tiene causa en una acción del gobierno del expresidente Carlos Mesa. Le estamos pidiendo que diga su verdad y aclare lo que está denunciando ante un tribunal de justicia”, afirmó Lima.
Quiborax comenzó a operar en Bolivia en 2001 con la exploración del mineral no metálico de ulexita en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
En 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
Dos años después, la minera chilena, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por $us 66 millones.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en $us 48,6 millones del monto de indemnización. Bolivia apeló la decisión; sin embargo, en 2018 se desahució el laudo nacional. Al final, en la gestión de Evo Morales se pagó $us 42,6 millones a Quiborax tras un acuerdo entre partes.
El Deber
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