A cuatro días de su sanción en la Asamblea Legislativa, la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social, conocida como ley de diferimiento de créditos, todavía no es promulgada por el Órgano Ejecutivo.
Por ello, varios sectores se movilizaron este martes para que, en un plazo de máximo 24 horas, se publique la norma en la Gaceta Oficial.
“Hemos ido rogándonos a cada diputado, a cada senador para que pueda ser consensuada (la ley). De tal manera, nos afecta mucho su negatividad por la no promulgación. Pedimos al presidente Luis Arce que de una vez pueda promulgarse este proyecto de ley”, afirmó Michael Chura, presidente de la federación de prestatarios y prestamistas.
Ley
La ley establece tres medidas centrales para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas. La suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales; diferimiento de pagos de capital e intereses por seis meses; y el mantenimiento de las condiciones originales de los créditos, sin cobros ni intereses adicionales.
Por ello, el transporte pesado, gremiales afiliados a la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) y otros sectores exigieron la promulgación de la ley, que ya fue una vez observada por el Gobierno y se tuvo que devolver nuevamente a la Cámara de Senadores para su revisión.
Cuando en la última sesión de la Asamblea el proyecto fue aprobado, los prestamistas festejaron con lágrimas en los ojos, pues ya no contaban con los recursos para continuar el pago a la banca, debido a la crisis económica.
Advertencias
Por ello, los sectores movilizados advirtieron que no permitirán que la nueva legislatura revierta la norma, como respuesta a las declaraciones del diputado Manolo Rojas, de Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Parlamentarios que no van a estar con el pueblo, inmediatamente vamos a pedir su renuncia, porque no están contra el pueblo”, afirmó Toño Siñani, ejecutivo de la CTB.
El legislador Rojas había dicho anteriormente que trabaja en un proyecto de ley para revertir el diferimiento de créditos, debido a que la considera “absurda” y con el fin de dejar un “país en llamas”.
Sin embargo, desde el transporte pesado le recordaron al asambleísta que hay más de 1 millón de prestatarios que se encuentran en estado de emergencia y que una postura contra el proyecto de ley solo beneficia a la banca privada.
“A partir del lunes o martes de la próxima semana los que deben al banco se van a movilizar. El transportista debe más plata al banco, el chofere debe, el empresario debe, el comerciante debe. Todos debemos”, afirmó Pedro Quispe, dirigente del transporte pesado.
La Razón
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