El Gobierno extendió este miércoles un llamado al diálogo al Comité Multisectorial, que rechaza la disposición adicional séptima de la Ley de Presupuesto General del Estado, diseñada para combatir el agio y la especulación en el mercado de alimentos.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró que la prioridad es evitar movilizaciones que «solo perjudican a la población».
«Todo está abierto a los escenarios de diálogo. Nuestra predisposición siempre está abierta, pensando en que los productos de la canasta familiar lleguen a un precio justo», aseguró Alcón, enfatizando que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural busca consensos antes de aplicar la norma.
Diálogo
La disposición cuestionada faculta a las entidades estatales a realizar controles, fiscalizaciones e incluso decomisos de productos retenidos o encarecidos artificialmente, con el fin de garantizar precios accesibles.
Por ello, el Comité Multisectorial, compuesto por productores, industriales, exportadores, empresarios, transportistas, gremiales y cívicos, rechaza la medida y acordó no tener ninguna reunión con el Gobierno mientras que no se derogue la normativa.
Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que su aplicación no comenzará hasta que se elabore un reglamento consensuado con los sectores involucrados, proceso que ya está en marcha, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que se demarcó de los sectores.
El Comité Multisectorial definirá este viernes en Trinidad la fecha exacta de su marcha desde Patacamaya hacia La Paz, exigiendo la derogación de la norma. Argumentan que la medida podría generar abusos en los operativos de control.
Debido a la posición de Patacamaya, el Gobierno redoblará esfuerzos para que la medida de presión no se concretice.
No obstante, el 10 de febrero el Comité también amenazo con una medida de presión a nivel nacional que, finalmente, no logró contar con el apoyo ni la convocatoria que se esperaba.
La Razón
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