El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, defendió la decisión de aceptar la declinación de la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP) para el balotaje de la Gobernación de La Paz, destacando que esto se basó en el cumplimiento de una ley vigente desde 2014. Ávila aclaró que el accionar del TSE no responde a intereses políticos, sino a lo que establece el marco legal boliviano.
El presidente del TSE explicó que la ley permite que una organización política retire su candidatura antes de la segunda vuelta electoral, lo cual está estipulado desde hace más de una década. En este sentido, enfatizó que el Tribunal siempre actuará conforme a la ley y no interferirá en disputas internas entre el partido y su candidato.
Ávila también señaló que el conflicto entre la organización política y su candidato no es competencia de ninguna institución del Estado, y que los vocales del TSE podrían haber enfrentado procesos legales si no hubieran aceptado la solicitud de retiro de la ley. Aseguró que la situación es estrictamente legal e institucional, y no debe ser politizada.
CIDH
El senador Wilder Véliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), indicó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares para asegurar la realización de la segunda vuelta, argumentando que la decisión del TSE vulnera el derecho de más de 2 millones de electores. Sin embargo, Ávila recordó que el retiro de candidaturas antes de las elecciones no es una novedad, ya que también ocurrió en los comicios de 2020 y 2025.
En cuanto a las denuncias ante la CIDH, Ávila se mostró tranquilo y dispuesto a la fiscalización internacional. Reiteró que la ley está clara y vigente desde 2014, y que aquellos que critican la medida deben haber verificado la normativa antes de presentar sus quejas.
Correo del Sur
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