La Fiscalía General del Estado admitió la proposición acusatoria e inició las investigaciones en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por las “masacres” de Senkata y Sacaba, ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
“Habiendo sido admitida la proposición acusatoria de fecha 1 de julio, subsanada posteriormente mediante memorial de fecha 3 de julio, mediante resolución fundamentada emitida por mi autoridad, a fines de control jurisdiccional, hago conocer que se ha dado inicio a la fase de acumulación de antecedentes”, cita un “aviso de inicio de investigaciones” del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dirigido al Tribunal Supremo de Justicia.
Dicho documento fue difundido este lunes por el Ministerio de Justicia, en el que también se precisa que Áñez, en su calidad de expresidenta, es investigada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, lesiones graves y leves, y lesiones seguidas de muerte.
La proposición acusatoria, según el mismo documento, fue presentada por un grupo de 20 personas, que exigen justicia por los violentos hechos ocurridos después de que Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales.
Las masacres ocurrieron después de que el gobierno de Áñez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar controlar las manifestaciones que protagonizaban los sectores sociales afines al gobierno de Morales. Con ese fin emitió el Decreto Supremo 4870 el 14 de noviembre de 2019, que liberaba de posibles sanciones penales a militares y policías.
El 15 de noviembre, una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos.
Según informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de balas. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí, mientras su colega de Defensa, Luis Fernando López, dijo que en el caso de Senkata el Ejército “no disparó ni un solo cartucho”.
Sobre ambos hechos luctuosos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.
Áñez, que llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales, guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Tomado de La Razón
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