La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la Ley 1492 de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral no contraviene la Constitución Política del Estado, la Ley del Régimen Electoral ni el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para el 23 de marzo de 2024, y fue resultado de un ampliado debate y consenso.
Prada aseguró que sí se hubiera vulnerado la normativa vigente de haberse dado curso a los proyectos de ley presentados por la oposición, porque en su contenido implicaban una abierta violación a las facultades privativas de los órganos del Estado.
“La ley que se aprueba no vulnera, ni establece más allá de lo que determina la Constitución; no hace una distribución de escaños, no se refiere a un padrón electoral, solamente (se limita al orden constitucional)”, insistió sobre el contenido de la ley promulgada por el presidente Luis Arce y que acabó por pacificar Santa Cruz, donde se cumplió un paro de 36 días.
La Ley 1492 recoge en esencia el contenido del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda. Además, determina que, sobre la base de los datos censales, el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria, a partir de septiembre de 2024.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) también remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
“Por lo tanto, buscando preservar la vida, buscando de que no existan más enfrentamientos, buscando justamente que Santa Cruz retorne a la normalidad es que se da viabilidad (a la norma). Recogiendo, además, opiniones de lo que decía el pueblo cruceño trabajador”, explicó Prada.
La autoridad destacó también que la ley 1492 se trabajó de manera consensuada con las gobernaciones, gobiernos municipales, universidades públicas, asociaciones de municipios y autonomías indígenas originarios campesinos.
En Santa Cruz se cumplió un paro que se extendió por 36 días en demanda de un censo en 2023, pero sus líderes, el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, terminaron aceptando la propuesta del Gobierno, sobre la base de un estudio técnico, censo en 2024 y sus implicaciones políticas y económicas.
En la promulgación de la norma, Arce afirmó: “Promulgamos esta ley escuchando al pueblo, tomando los acuerdos del encuentro en Cochabamba, el trabajo de la Comisión Técnica de Trinidad y manteniendo la palabra que di a las organizaciones sociales, el Censo se llevará el 23 de marzo de 2024”.
Tomado de ABI
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