“Evo Morales es la cabeza del narcoestado en Bolivia”, afirmó este lunes el exministro Carlos Sánchez Berzaín, en relación a la investigación que se sigue contra el exjefe antinarcóticos, Maximiliano Dávila.
La exautoridad, asilada en Estados Unidos, considera una distracción que se plantee un intercambio entre él y el exuniformado de la Policía Boliviana, recalcando que desde el Gobierno se montó una estructura que pretende favorecer al incremento de la coca ilegal.
“Desde que el dirigente más importante de las federaciones de cultivadores de coca ilegal y base del narcotráfico, Evo Morales, llega a la Presidencia, lo hace de la mano de un proyecto transnacional que se conoce como ‘socialismo del siglo XXI’, que ha expandido el modelo de la dictadura cubana, desde que sucede eso, ocurren hechos que constituyen a Bolivia como un narcoestado”, afirmó en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER radio.
Cree que desde el MAS buscan “proteger” al dirigente cocalero intentando desviar la atención del escándalo que surgió mediante una investigación de la DEA, que también involucra al exmayor Omar Rojas.
La entrevista:
“En Bolivia toda la estructura del Gobierno se mueve porque saben que eso puede llegar a Evo Morales, quieren proteger de toda forma para que eso no toque a Evo Morales, que se declara acosado o perseguido por la derecha”, agregó.
Morales negó que el informe de la DEA lo mencione y denunció que es sometido a un seguimiento permanente, razón por la que pidió al Gobierno controlar a esos grupos y garantizar la seguridad del pueblo.
“Se establece un sistema de dictadura. Se concentra el poder, en un narcoestado es muy normal lo que está pasando. Es un sistema creado para aumentar la producción de coca ilegal y asumen que la lucha contra el narcotráfico es un mecanismo para someter al pueblo”, puntualizó el exministro.
Reiteró que su deseo es retornar al país para que se investiguen los hechos registrados en octubre de 2003. Admitió que mantiene una amistad y contacto con Gonzalo Sánchez de Lozada, y denunció que es un “perseguido político” de la administración del MAS.
El Deber
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