La mañana de este lunes 6 de noviembre en el Palacio de Justicia, la Sala Penal Tercera decidió suspender por sexta vez consecutiva la audiencia de apelación a la cesación preventiva de la exalcaldesa Angélica Sosa, dentro del proceso investigativo por el caso ‘ítems fantasmas’, debido a que la defensa de la procesada no se presentó.
Marcela Terceros, una de las fiscales asignadas al caso, informó a EL DEBER que la sala tomó la decisión de desistir la apelación porque los abogados de exautoridad, es decir quienes plantearon la apelación, no se presentaron a la audiencia, ratificando de esta manera la detención preventiva de Sosa en la cárcel de Palmasola.
Más temprano, el fiscal Iván Quintanilla, también asignado a la comisión investigadora, afirmó que ante la acusación formal que presentó anteriormente el Ministerio Público, el caso está en la fase del juicio oral, según establece el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal.
“El caso avanza hacia la apertura de pruebas y descargas en el marco del juicio oral”, dijo ante los medios.
Defensa presentó justificativo
En entrevista con EL DEBER, el abogado Arturo Heredia, que patrocina a Angélica Sosa, calificó de “prevaricadora” la resolución que dictó el vocal Nelson Alba, debido a que su inasistencia a la audiencia de apelación se produjo por una emergencia de salud.
Explicó que desde la Sala Penal Tercera no enviaron el requerimiento a la administración de Palmasola para que su defendida pueda salir de celdas y sea trasladada hasta la sala virtual y participar de la audiencia.
“Enviamos los justificativos de la inasistencia, (el desistimiento) ese auto se tiene que revertir porque es ilegal, la arquitecta no pierde el estado de apelante hasta que ella desista por escrito o verbal. El juez tiene que reponer la hora, por un caso de emergencia él no puede desistir”, aseveró el jurista.
La exalcaldesa Angélica Sosa cumple una detención preventiva sólo por el caso ítems fantasmas, dado que la Justicia la benefició con defenderse en libertad en el ‘caso BRT’ y ‘contratos irregulares’.
El Deber
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