El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó que el Estado boliviano activó los trámites en Estados Unidos para solicitar la extradición del exministro Arturo Murillo para que sea juzgado en Bolivia por el caso Senkata y Sacaba.
Además, la autoridad señaló que se inició una acción civil en EEUU para recuperar el dinero invertido en los juicios internacionales por el caso Murillo. Esta acción judicial será deliberada en un juzgado de la Florida en el segundo semestre de 2023.
“Por otro lado hemos activado la extradición para que este señor (Arturo Murillo) sea juzgado en el país, siguiendo el acuerdo vigente que tenemos con Estados Unidos desde el año 2005 y hemos iniciado una acción civil para recuperar los dineros que el Estado ha invertido primero en los juicios y en el mismo delito que se ha cometido, juicio que será en un juzgado de materia civil en los EEUU”, informó la autoridad.
Chávez explicó que Murillo cumple una condena en Estados Unidos por el delito de conspiración por cometer lavado de dinero; sin embargo, aclaró que cumplido el 80% de su prisión, podrá someterse a beneficios legales para dejar prisión.
“El señor Murillo está cumpliendo su condena, pasará 70 meses de condena y luego pasará tres años de supervisión vigilada allá en los Estados Unidos luego de cumplir los 70 meses. Ahora, es una posibilidad legal que cumpliendo el 80% de su condena pueda acceder a un beneficio como en todos los países del mundo”, explicó.
Sin embargo, Chávez asegura que tras cumplir su condena en Estados Unidos, Murillo deberá rendir cuentas en el país por varios delitos penales relacionados con los hechos del 2019. Adelantó que será investigado por los casos Senkata y Sacaba.
“Son delitos vinculados por corrupción y los otros delitos por terrorismo y por estar en la cabeza criminal, estos son otras denuncias y muchas denuncias. Él tiene procesos, esta involucrado en las masacres de Senkata y Sacaba”, dijo.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado por un tribunal de los Estados Unidos a cinco años y 10 meses de cárcel tras haberse declarado culpable de haber participado en el delito de lavado de dinero y la recepción de sobornos a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato de venta de gases lacrimógenos y material antimotines cuyo comprador era el Estado de Bolivia.
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