Por medio de la resolución SAI – ALP/RF 050, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas determinó prescribir el proceso y dejar sin sanción a quienes fueron denunciados por la designación ilegal de cinco funcionarios en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que se beneficiaron con un millón de bolivianos en salarios.
Anteriormente, esa misma dirección había instruido el inicio de 15 sumarios administrativos, por las designaciones ilegales realizadas en 2018. Los procesos debían seguirse contra siete directores y cinco personas que fueron favorecidas con las designaciones. Se calcula que el daño económico es un millón de bolivianos por los salarios pagados.
“Primero.- Declarar probada la prescripción de la responsabilidad administrativa de Julio Cesar Luna Orellana, Jorge Hernán Alarcón Gamarra, Nelson Abrahan Camacho Mhur, Celier Arispe Rosas, Rafael Gonzalo Méndez Orellana, José Iván García Terceros y Verónica Vanessa Touchard Tellería, con relación al auto de sumario administrativo MOPSV/DGAC/AISA Nº 041/2022 de 21 de septiembre de 2022, (…) en estricta sujeción a la norma legal aplicable al presente caso, disponiéndose a tal efecto el archivo de obrados”, señala la primera parte del documento al que Página Siete tuvo acceso.
Destaca que Arispe Rosas, expiloto de Evo Morales, es el exdirector de la DGAC y al momento se encuentra en Canadá, como representante de Bolivia ante el Consejo de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI). Asimismo, García Terceros, es el actual director de la DGAC.
En un segundo y tercer punto, la resolución, que está firmada el 22 de noviembre de 2022 por el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Alejandro Cabrera, señala que también prescribe el proceso administrativo y se declara la “inexistencia de responsabilidad” del director de seguridad operacional de la DGAC, Juan Carlos Moreira Palenque.
Sí hay responsables
Sin embargo, en el punto cuarto, la resolución señala: “Establecer la existencia de responsabilidad administrativa, en contra de Ingrid Antonella Trigoso Villarroel (…) por haber incumplido con la programación operativa anual individual (POAI) de la DGAC”.
En el documento, Cabrera explica que sí se halló responsabilidad de dicha funcionaria, “por asumir” el puesto de técnico en la Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico “sin contar con el requisito de formación académica”. Pese a ello, tampoco se le impone ningún tipo de sanción.
En el siguiente punto del documento, Cabrera sólo hace mención a que la resolución quedara registrada en la hoja de vida de la exfuncionaria de la DGAC. Contradictoriamente, en los fundamentos de la resolución se establece que Trigoso Villarroel (actual trabajadora en el Consejo de la Magistratura) fue designada por Arispe Rosas; así como también se verificó que Méndez Orellana, Luna Orellana (actual funcionario en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas) y Alarcón Gamarra (actual funcionario en la Caja Petrolera) recomendaron la contratación de la misma.
Todos ellos quedaron exentos de responsabilidad. Según la normativa que Cabrera cita en la resolución, las faltas administrativas no se procesaron porque sucedieron hace más de dos años (en 2018) y la mayoría de los involucrados solicitó la prescripción de las mismas.
No obstante, para el exjefe regional de la DGAC y representante de profesionales que trabajaron en esa institución, Nelson Carpio, el caso demuestra el encubrimiento a actos de corrupción cometidos por el ex y el actual director, Arispe Rosas y García Terceros, respectivamente. En contacto con Página Siete, Carpio explicó que estas designaciones ilegales se hicieron en desmedro de profesionales que fueron alejados del cargo para dar lugar a militantes del “proceso de cambio”, pero que no tenían méritos.
En esa línea, presentó una nota ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, para solicitar que esa instancia inicie procesos penales por el daño económico causado al Estado, al haber pagado sueldos a cinco funcionarios ilegalmente contratados. En una escueta nota que no responde al pedido, Cabrera señala a Carpio que debe acreditar el interés legal que tiene en dicho proceso sin dar más explicación sobre el tema.
Página Siete
Mira también
Comentarios