Dentro del caso Hotel Las Américas, el procurador Cesar Siles, informó este domingo que el Estado boliviano pidió “asesoramiento” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para manejar montos económicos que sean adecuados a una indemnización que pide la parte demandante.
“Hemos pedido revisión de portafolio para que la Comisión Interamericana (CIDH) nos asesore y haga acompañamiento en posible solución y cierre del caso y que ellos nos hablen de montos adecuados a la jurisprudencia, montos que podría el Estado Boliviano eventualmente pensar en indemnizar”, dijo el procurador Siles.
En caso de no existir un acuerdo entre el Estado boliviano y la parte demandante en referencia a una indemnización, Siles dijo que el caso pasará al Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH), instancia donde deberá ser resuelto sin derecho a una negociación o acuerdo entre las partes.
La autoridad recalcó que los montos económicos que piden los demandantes son “excesivos” para una indemnización. Siles citó como ejemplo la demanda de $us 2 millones que pide la familia del irlandés Michael Dwyer.
Hace un mes, el procurador Siles dijo que no se logró un acuerdo con los implicados en el caso del Hotel Las Américas por la demanda ante la CIDH.
“Solamente por la muerte del señor Dwyer, la familia pide dos millones de dólares. Eso es muchísima plata para el Estado Boliviano y no condice con los precedentes que se tiene en la materia”, dijo Siles en su momento.
En caso de que el caso llegue a la Corte – IDH, el procurador dijo que la sentencia no será favorable para el Estado Boliviano, por tratarse de un caso de violación de derechos humanos.
En el operativo ejecutado la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, que luego se conoció como “caso terrorismo”, murieron Eduardo Rózsa Flores, Arpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cámaras de seguridad y el internet del hotel fueron apagadas; además, se eliminaron los videos y registros.
En el documento se establece que estas personas fueron “torturadas y ejecutadas” antes de ser detenidas por un grupo armado en el Gobierno de Evo Morales.
UNITEL
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