Con la imputación emitida por la Fiscalía en contra del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, suman cinco las autoridades subnacionales de oposición que enfrentan un proceso judicial por diferentes casos que corresponden a presuntos delitos cometidos antes de asumir sus respectivos mandatos.
Al margen de Condori, tienen procesos en su contra los gobernadores de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de Tarija, Óscar Montes, además de los alcaldes de las ciudades de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Esta semana se conoció que el Ministerio Público imputó a Condori por un presunto caso de estafa que habría cometido en 2015, cuando aún no era gobernador, por una deuda particular que habría adquirido para pagar una cuenta del fondo indígena.
Desde la Gobernación de Chuquisaca, según reportes periodísticos, se hizo conocer que no hay pruebas en este proceso y que la imputación del Ministerio Público habría sido “forzada”.
En el caso del gobernador de Santa Cruz, éste es investigado por la Fiscalía dentro del caso “golpe de Estado”, por los delitos de conspiración y desestabilización, según un reporte del Ministerio Público, por su participación en los conflictos poselectorales de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia luego de ser acusado de cometer fraude electoral en los comicios generales de octubre de ese año.
El Ministerio Público postergó sin una nueva fecha la declaración de Camacho que estaba prevista para este jueves, en la ciudad de La Paz. Durante esa declaración, la Fiscalía debe definir la situación jurídica del Gobernador de Santa Cruz, si le deja en libertad o le aprehende.
El caso “golpe de Estado” fue abierto por la Fiscalía por una demanda que fue presentada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Por otra parte, el Alcalde de La Paz actualmente está arraigado por un proceso abierto por un presunto nombramiento ilegal de una autoridad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), cuando ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Jeanine Añez.
El 18 de junio, la jueza Claudia Castro dispuso el arraigo de Arias, una fianza de 30 mil bolivianos y la orden de presentación, cada 15 días, para un registro biométrico, como medidas sustitutivas a la detención preventiva dentro del proceso.
Estas medidas sustitutivas fueron ratificadas el 20 de agosto por la vocal de la Sala Penal Segunda Rosmery Pabón, quien en esa oportunidad rechazó la detención domiciliaria del burgomaestre paceño que fue solicitada por la parte acusadora.
Arias expresó su rechazo la orden de arraigo en su contra, debido a que señaló que él cuenta con un “arraigo natural”, en su condición de autoridad electa para la Alcaldía de La Paz, y porque le impedía hacer viajes para realizar acciones encaminadas a luchar contra la pandemia del coronavirus.
Otro de los procesados es el Gobernador de Tarija, quien el 29 de junio fue imputado por la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas en el proyecto de construcción de un complejo de bicicross, motocross, ciclismo y karting, cuando era alcalde de la capital tarijeña.
Montes fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias.
La parte acusadora señaló que se trata de una “obra fantasma”, cuyo financiamiento llegó a los Bs 6 millones en un plazo de 300 días calendario.
El Alcalde de Cochabamba está en este grupo de autoridades con proceso judicial porque tiene en curso un amparo constitucional, considerado en esta jornada en Sucre, para que se defina si se ratifica o no la sentencia de cinco años de cárcel dictada en 2013 en su contra por el caso de la carretera alternativa en El Sillar, un proyecto que fue elaborado cuando era Prefecto de Cochabamba.
Si la Justicia no le concede tutela en el amparo constitucional solicitado, con el argumento de que fue procesado en ausencia, Reyes Villa deberá cumplir la sentencia de cinco años de cárcel.
Tomado de Los Tiempos
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