La próxima semana, el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados recibirá las declaraciones de tres consejeros de la Magistratura, Dolka Gómez, Omar Michel y Gonzalo Alcón, por la denuncia que interpuso el Gobierno por incumplimiento de deberes, en la aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal.
El secretario del Comité del Ministerio Público, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, precisó a EL DIARIO que entre el próximo miércoles o jueves iniciarán las declaraciones de los tres magistrados, mismos que ya fueron notificados.
“Estamos previendo la declaración de los magistrados entre el miércoles o jueves. Ellos ya fueron notificados, solo falta la citación con la fecha y hora”, precisó.
En noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que interpuso una denuncia contra los tres consejeros de la Magistratura ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, mismo que responde a un juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes en la aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal.
“No nos han garantizado un resultado efectivo para cumplir las metas que ha trazado en la Ley 1173. Se les ha ampliado el plazo dos veces y no han cumplido la ley. El pretexto que nos han dado es que la pandemia les había afectado, yo le digo al país que el plazo venció el 23 de febrero de 2020 y en esa fecha no había pandemia, espero que puedan dar otras explicaciones y hagan su trabajo”, dijo Lima en la oportunidad.
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En anteriores entrevistas, la consejera Dolka Gómez anunció que los miembros de esa instancia asumirán defensa en la denuncia presentada por el titular de justicia.
Otros juicios
El exdiputado y candidato a la alcaldía de La Paz, Amilcar Barral, recordó que sobre los consejeros existe un juicio de responsabilidades por la designación ilegal de 169 jueces en todo el país, con pruebas, documentos, testigos y víctimas múltiples, cuyo monto de extorción y cobros irregulares suman dos millones de dólares, aproximadamente.
“Este proceso llegó hasta la emisión de informe de imputación formal, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia Plural, en septiembre de 2020, actualmente tiene una apelación pendiente, porque la Comisión de Constitución de forma irregular benefició a los consejeros tratando de anular obrados en más de una oportunidad”, explicó a EL DIARIO el candidato Barral, en una oportunidad anterior.
El exlegislador recordó que en septiembre de 2020, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, aprobó, por unanimidad, el informe preliminar, Cmpdle N° 11/2019-2020 de imputación formal, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, previstos en los artículos 146, 147, 151, 154 y 157 del Código Penal, contra Gonzalo Alcón Aliaga y Dolka Vanessa Gómez Espada, con daños económicos al Estado que superan los dos millones de dólares, con víctimas múltiples, provenientes de cobros por venta de cargos y otras extorciones.
Medida cautelar del TCP
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, emitieron un auto de medida cautelar que dejaba sin efecto el artículo 39 de la Ley 612, que evita juicios de responsabilidades contra autoridades y la suspensión de los Consejeros de la Magistratura, quienes fueron imputados por irregularidades, informó el exdiputado Víctor Borda.
“El Tribunal Constitucional ha suspendido todo juicio de responsabilidades, ha dejado sin efecto el artículo 39 de la Ley 612 que facultaba a la Cámara de Diputados suspender a los consejeros”, manifestó Borda a EL DIARIO.
Al respecto, en una conferencia de prensa del 27 de noviembre de 2020, el ministro Lima explicó que el TCP levantó una medida cautelar que impedía la prosecución de los procesos contra altas autoridades judiciales.
Borda explicó que no se conoce un pronunciamiento oficial respecto a este recurso
“En este momento, jurídicamente no se puede suspender a ningún magistrado aun sea corrupto, excepto que tenga una sentencia ejecutoriada. Tiene que haber una resolución donde la comisión de ejecución deje sin efecto esa medida cautelar o resuelva en el fondo, rechazando esa consulta constitucional que se hizo, pero hasta ahora yo no conozco un pronunciamiento oficial, más que la versión del ministro Lima, pero en el ámbito legal lo que cuenta son los papeles”, dijo Borda.
En una nota de prensa del Ministerio de Justicia, de fecha 27 de noviembre, señalaron que “sobre los juicios de responsabilidades, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dictó la Sentencia Constitucional 34/2020, contra la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta en la legislatura pasada por el exdiputado Gonzalo Jarro (PDC), que objetaba el artículo 39 de la Ley 44 (2010) de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dicho recurso, impedía realizar juicios contra magistrados y consejeros”.
Tomado de El Diario
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