La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, volvió a acusar al fiscal general Juan Lanchipa, de obstaculizar su trabajo, pero además comparó a la autoridad del Ministerio Público con el Gobierno de Jeanine Añez y anunció que lo demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Yo le he dicho de frente que usted obstaculiza mi trabajo, que usted se niega a responder en cuanto a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo en muchos casos aduciendo reserva», dijo Cruz.
La polémica surgió después de que la Defensoría emitió un informe en que observa deficiencias y carencias en el trabajo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que es una entidad dependiente del Ministerio Público.
La enlace del IDIF, Grace Mercado, respondió a Cruz acusándola de mentir en su informe, pero también afirmó que ha concluido su mandato y que ya no funge como Defensora.
Cruz manifestó que el Fiscal General «no quiere dar la cara en este caso» y mandó a la responsable del IDIF a pronunciarse.
Afirmó que cuando la Defensoría hace consultas al IDIF, esta entidad evade responder bajo el argumento de que su conducto regular es a través del Fiscal General.
Recordó que un informe similar anterior de la Defensoría fue notificado al IDIF en 2020 y que, entonces, esa entidad reconoció que ha tenido muy pocos avances para cumplir las observaciones.
Comparó la actitud de la Fiscalía con la del Gobierno de Añez, por argumentar que su mandato se ha cumplido. En 2020, el Gobierno transitorio desconoció el mandato de Cruz y dejó de responder a sus requerimientos.
«Yo le digo al Fiscal General: mi mandato no ha terminado Fiscal. Yo no me estoy escudando en las víctimas ni uso las víctimas y tampoco las dejó solas. Yo voy a seguir trabajando por el pueblo boliviano y le voy a seguir recordando pública y oficialmente las obligaciones que usted debe cumplir», dijo Cruz.
A tiempo de anunciar que denunciará al Fiscal General ante la CIDH, Cruz recordó que desde 2019 ya ha reportado que el Ministerio Público obstaculiza las labores de la Defensoría del Pueblo.
«Lo voy a demandar Fiscal General. Yo no le tengo miedo», manifestó.
También la Defensora denunció que la Fiscalía se rehúsa a dar información sobre casos como el de Marco Aramayo, quien falleció mientras cumplía detención preventiva, y la muerte del joven Basilio Titi en Potosí.
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