Ahoradigital – El Comité Pro Santa Cruz advirtió que podría activar movilizaciones escalonadas si el Gobierno nacional no atiende hasta este sábado 10 de octubre las demandas planteadas por la Asamblea de la Cruceñidad.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que, tras conocer los avances presentados por el gobernador Juan Pablo Velasco, existen algunos compromisos atendidos por el Ejecutivo, pero consideró que la respuesta todavía no es satisfactoria.
“Vamos a evaluar los compromisos que debe atender el Gobierno. Si no los ha atendido, los cívicos iniciaremos movilizaciones escalonadas”, afirmó Cochamanidis.
Entre las principales demandas está el planteamiento del modelo 50/50, además de soluciones al abastecimiento de combustibles y una mayor participación de las regiones en la administración de recursos y competencias.
Los cívicos también plantean que los departamentos puedan elegir a determinadas autoridades nacionales con presencia regional, entre ellas los fiscales departamentales, mediante modificaciones a la normativa del Ministerio Público.
Otro de los pedidos es la descentralización de la salud y una currícula educativa regionalizada que permita a cada departamento definir parte de los contenidos que se imparten en sus unidades educativas.
A esto se suma el reclamo por el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que, de acuerdo con el planteamiento cruceño, es descontado desde la aplicación de la Ley 767 para financiar incentivos a la exploración petrolera.
El gobernador Velasco sostuvo que existen avances en algunos puntos, pero reconoció que varias demandas continúan pendientes. También confirmó que participará en una reunión prevista para el lunes 12 de octubre en Pando, donde se abordará la coparticipación correspondiente al presupuesto 2027.
Cochamanidis no descartó que, si el Gobierno no responde a las demandas hasta el plazo establecido, se convoque a un Cabildo para definir nuevas medidas desde Santa Cruz.
De esta manera, el plazo del sábado se convierte en un nuevo punto de tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento cívico cruceño, mientras continúan las negociaciones sobre recursos, competencias y demandas regionales.
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