La controversia sacude la política nacional luego de que el Gobierno acusara al exfiscal general, Roger Mariaca, de financiar a legisladores para su protección. Autoridades regionales y parlamentarios exigen listas concretas e investigaciones imparciales, mientras los bloques legislativos se muestran abiertos a ser indagados por el Ministerio Público.
La polémica desatada por la presunta red de influencias de Mariaca, sumó un posicionamiento desde el ámbito subnacional con las declaraciones de la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, quien cuestionó los señalamientos del Ejecutivo y exigió la presentación de pruebas.
La autoridad cruceña indicó que, si se afirma la existencia de una bancada parlamentaria al servicio del exfiscal, es debe del Gobierno identificar abiertamente a los diputados y senadores que se “habrían vendido”.
Asimismo, sostuvo que la ciudadanía tiene el derecho absoluto de conocer quiénes integrarían esta facción, fundamentando que la Fiscalía General del Estado no puede ni debe mantener vínculo, afinidad o dependencia alguna con el Órgano Legislativo, siendo esta última la instancia constitucionalmente encargada de fiscalizar a las instituciones del Estado.
Por ello, instó a dar a conocer las nóminas para que los asambleístas involucrados asuman la responsabilidad ciudadana de aclarar su situación frente al país.
Las denuncias que detonaron el escándalo fueron formuladas por el recién posesionado viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, quien sostuvo que el exfiscal logró articular una estructura de poder con presencia en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
De acuerdo con Maldonado, esta red operaba mediante pagos mensuales en dólares a legisladores para garantizar su defensa y blindaje político, extendiéndose además hacia jueces coludidos, efectivos policiales comprados, palos blancos e inversiones en desarrollos inmobiliarios y lavado de dinero. La autoridad del Ministerio de Gobierno justificó la reserva de los nombres bajo el argumento de resguardar el secreto de las investigaciones y facilitar futuras aprehensiones.
A pesar de la falta de listas oficiales por parte del Ejecutivo, la controversia cobró fuerza tras las revelaciones de parlamentarios que se refirieron a la circulación de recursos en el ámbito congresal. El diputado Alejandro Medinacelli, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), reveló que operadores del exfiscal realizaron acercamientos para ofrecer montos de entre 10.000 y 40.000 dólares a diferentes legisladores con el objetivo de “cuidar” a Mariaca mediante sus votos en el pleno.
Por su parte, el diputado Sergio Vásquez, de Alianza Libre, reconoció que la injerencia y las ofertas económicas eran un “secreto a voces” y “rumores de pasillo” habituales. No obstante, Vásquez recordó que en los hechos de corrupción existen dos partes —el que propone y el que dispone—, por lo que exigió que las indagaciones alcancen tanto a la red del exfiscal como a miembros del propio Órgano Ejecutivo.
Ambos asambleístas negaron haber tenido contacto directo o haber aceptado soborno alguno, e instalaron al recién designado fiscal general del Estado, José Armando Urioste, a encarar una investigación profunda e imparcial.
Correo del Sur
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