Ante el escándalo de corrupción en el municipio de Santa Cruz por el caso 800 ítems fantasma, sectores demandan al Gobierno recuperar recursos por daño económico registrados por otros ilícitos cometidos en las gestiones gubernamentales de Evo Morales. El caso Gabriela Zapata, por ejemplo, por el cual el Estado perdió 500 millones de dólares por contratos irregulares con la empresa china CAMC y el expresidente quedó libre de culpa.
Entre otros casos de millonarias pérdidas económicas para el Estado, también se pueden citar las denominadas barcazas chinas, Fondo Indígena, pago a Quiborax por un arbitraje internacional, Catler Uniservice y BoA Catering.
En el caso Zapata, el partido gobernante cerró filas, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para liberar del caso a Morales, bajo una serie de argumentos que van desde la ruptura de la relación amorosa de manera temprana, la conformación de una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar el caso Zapata, pero que no involucró a los señalados de tráfico de influencia: Morales y el exministro Juan Ramón Quintana, y liberó de cualquier posible cargo contra las exautoridades.
La bancada de Creemos presentó una minuta de comunicación a la presidencia de la Cámara de Diputados para que la Procuraduría General del Estado (PGE) informe sobre las gestiones realizadas para recuperar recursos económicos de los contratos suscritos por CAMC y el Estado.
Sin embargo, el procurador Wilfredo Chávez fue cuestionado, debido a que fue abogado de la firma china que incumplió contratos con el Estado boliviano.
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“Es preciso recordar que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, fue abogado de la firma china CAMC, que entre 2015 y 2016 fue observada por el Gobierno boliviano por incumplir contratos millonarios. En ese marco, emergió una polémica en torno a su incompatibilidad para ser designado como autoridad de esa institución debido a su participación en el caso de Gabriela Zapata, ahora libre”, señala parte de la minuta de comunicación.
Otros casos
En las barcazas chinas, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 29 millones de dólares por adelantado, a dos empresas chinas, por 16 barcazas y dos remolcadores que nunca llegaron al país.
Otro caso fue la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE), que representó un daño al Estado de 40 millones de dólares.
Otro golpe a las arcas del Estado bolivianos fue la pérdida de 46,6 millones de dólares en el arbitraje internacional por el caso Quiborax, otros 16,6 millones de dólares por el denominado caso Catler Uniservice.
Tomado de Los Tiempos
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