Los constitucionalistas Arturo Yañez, José Antonio Rivero y Marco Loayza afirman que el Movimiento Al Socialismo (MAS) censuró “por consigna” al ministro de Defensa, Luis Fernando López, y tampoco respetó el derecho a la defensa que garantiza la Constitución Política del Estado.
“A primera vista López no ha sido oído, debiera ser oído, se supone que la Asamblea Legislativa no tendría que votar por consigna, pero así lo hizo. Los legisladores debieron tomar una decisión ponderando los argumentos del convocado”, afirmó el constitucionalista Arturo Yáñez, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab).
El constitucionalista Rivero coincide que el MAS actuó “por consigna” porque la censura fue por la inasistencia del ministro, no por las política públicas que ejerció. “Se tiene que censurar una política pública no la inconducta del ministro López, por no asistir a la interpelación o al informe oral”, explicó Rivero.
La tarde del viernes, la Asamblea Legislativa controlada por el MAS censuró al ministro López, quien fue convocado para ser interpelado por los sucesos ocurridos en octubre y noviembre de 2019. El ministro, mediante carta, justificó su ausencia afirmando que asistió a la inauguración de un edificio del Registro Internacional Boliviano de Buques en Puerto Quijarro.
El justificativo no fue aceptado y el MAS con sus dos tercios censuró al ministro, decisión que obliga -según la Constitución- a su destitución.
En criterio de Rivero, la Asamblea Legislativa incurrió en una serie de irregularidades que vician de nulidad la sesión porque inicialmente convocaron a López para el 13 de marzo, pero luego adelantaron la fecha para el 6 de marzo y cambiaron de lugar la sesión de interpelación.
El error “más grave” fue -dijo- censurar sin escuchar al ministro. “Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que en cualquier decisión que tome el Estado a través de sus agentes, debe respetar el debido proceso, que es el derecho a la defensa. Es absolutamente irregular. La decisión del Legislativo es inconstitucional”, afirmó Rivero.
El constitucionalista Marco Loayza sostuvo que el acto de interpelación “no es un proceso”, pero que “al tratase de un derecho fundamental el debido proceso debe ser de interpretación preferente” para el interpelado.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, anunció que el próximo en ser interpelado será el ministro de Gobierno Arturo Murillo.
Yáñez sostuvo que el MAS, aprovechando sus dos tercios, está cambiando el sentido de la Asamblea Legislativa. “Ya no actúa con sentido común, no escucha a la persona ni pondera los argumento del interpelado. Decide sobre una base de consigna. El actuar del MAS deslegitima el procedimiento constitucional de fiscalización”, afirmó Yáñez.
En los casi 14 años de Gobierno de Evo Morales, se registraron 47 actos de interpelación a 26 ministros, pero estas sesiones concluyeron en aplausos y votos de confianza. Ninguna de las autoridades fue censurada, pese a los indicios de responsabilidad que identificó el Ministerio Público.
“Un ejemplo claro es la corrupción en el Fondo Indígena, la entonces ministra Nemesia Achacollo salió aplaudida, meses después la Fiscalía comprobó que tenía responsabilidades”, recordó el ministro Murillo, en una anterior oportunidad.
Página Siete
Mira también
Comentarios