En medio del conflicto por los ajustes a la Ley de Pensiones y una supuesta “jubilación forzosa”, el Gobierno salió al frente para defender los ajustes en la Ley de Pensiones y los beneficios que trae el plan normativo y sostuvo que el examen médico a los 65 años de edad no es un limitante para seguir trabajando.
En ese contexto, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, anunció que acudirá al Legislativo para defender los beneficios de la norma y se abrió al diálogo con los sectores movilizados, entre ellos médicos que este martes activaron un paro de actividades por 72 horas.
“Son los trabajadores los que van a acceder a este examen médico, pero por supuesto esa no va ser una limitante para su continuidad laboral”, señaló al acotar que a la fecha hay 17.800 jubilados “están trabajando”.
“Si el examen médico indica que el trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad a los 65 años o más pues va a poder seguir trabajando porque el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución así como el derecho a recibir una pensión de vejez”, añadió.
En su criterio”, uno tiene que priorizar la vida antes que la situación de los ingresos” y subrayó que “no es cualquier examen”, sino que será desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Ocupaciones (INSO).
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“Van a poder pasar ese examen porque tienen plenas facultades físicas para seguir trabajando por supuesto se va a seguir manteniendo esa situación y si no hasta el propio médico le va a recomendar que ya no siga trabajando, de repente se está exponiendo a un riesgo laboral que no es necesario”, afirmó.
Como lo hizo en la entrevista con la red UNITEL, Apaza destacó los beneficios que trae el ajuste normativo, entre ellos el incremento de rentas gracias al fondo solidario creado en 2010 al que aportan los empleados, empresas e instituciones estatales.
Precisó que los trabajadores que perciben “sueldos elevados” por encima de Bs 13.000, Bs 25.000 y Bs 35.000 “son los que van a aumentar su aporte y que el financiamiento del fondo solidario siga creciendo para generar ese beneficio a la gran mayoría de los jubilados”.
Asimismo, defendió la excepción que marca la ley sobre la aplicación de la norma para autoridades electas, designadas o de libre nombramiento y argumentó que “son funcionarios que trabajan por un periodo determinado”.
Apaza anunció que el Gobierno está atento a la convocatoria del Legislativo para que las autoridades del sector acudan a esa instancia con el fin de “defender” y explicar los alcances de la norma ante los legisladores.
“Nosotros vamos a asistir con la defensa del proyecto de ley en su integridad porque es un documento muy importante para los jubilados y los trabajadores de nuestro país”, señaló.
“El diálogo tiene que estar abierto” dijo Apaza y puntualizó que esta instancia debe convocar a un acercamiento tras urgir al sector médico de reflexionar y levantar su medida de presión.
UNITEL
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